Julio de 2021 será difícil de olvidar para los sudafricanos. Las restricciones para atajar cuanto antes la tercera ola del Covid-19 en el país, la entrada en prisión del expresidente Jacob Zuma y los disturbios más graves vividos tras el fin del apartheid, con 337 muertos, han marcado este invierno austral.

Durante las últimas semanas de junio, el programa de la televisión ENCA, Power to Truth (“Poder a la verdad”), del incisivo y contundente periodista JJ Tabane, aprovechaba las entrevistas a miembros del Consejo Nacional Africano (CNA) para presionarles por todo lo que no funciona en el país. Desde la lentitud en la vacunación a los cortes de electricidad y agua y las disputas internas tras la suspensión del secretario general del CNA, Ace Magashule, por su presunta implicación en casos de corrupción, al eterno juicio (es la tercera vez que se retoma) contra Zuma… los argumentos no faltan en un país que parece estar cada vez más sumido en un momento crucial.

Es lo que se percibe en los discursos que casi semanalmente, sea por la pandemia, por los disturbios o para dar explicaciones sobre la grave situación económica del país, está dando el presidente Cyril Ramaphosa, quién, sin duda, vive uno de los períodos más intensos desde que asumió el cargo en 2018, un año después de cumplir con el requisito imprescindible para llegar al puesto que ocupó Nelson Mandela hace casi tres décadas: haber sido elegido presidente del CNA.

El último discurso fue el pasado 25 de julio para anunciar que un mes después de alcanzar el nivel de alerta 4, el máximo, por la pandemia –impidiendo la movilidad entre provincias, ampliando el toque de queda, prohibiendo la venta de alcohol (para no saturar los hospitales con víctimas de posibles accidentes de tráfico), y limitando el número de personas que pueden relacionarse– las cifras de contagios permiten bajar al nivel 3 y recuperar la movilidad en el país. “Durante los últimos 14 días hemos estado luchando en dos frentes, el primero contra el mortal coronavirus, y el segundo contra las acciones de los que buscaban crear inestabilidad y caos”, declaró después de confirmar que la situación en las provincias de KwaZulu-Natal (epicentro de las protestas por ser el lugar de origen de Zuma) y Gauteng (donde se ubican Pretoria y Johannesburgo, capital y centro económico del país, respectivamente) habían recuperado el orden gracias al despliegue de 25 000 soldados en las calles.

Tras varias advertencias, la paciencia del Tribunal Constitucional se terminó a principios de julio, cuando comunicó al expresidente Zuma (en el cargo entre 2009 y 2018) que tenía cinco días para entrar voluntariamente en prisión. Ante la mirada atónita de muchos y las quejas naturales u orquestadas de otros, Zuma ingresó en la cárcel el 8 de julio para cumplir una pena de 15 meses por desacato al negarse a declarar en la Comisión Zondo, que paradójicamente fue creada por él mismo en sus últimas semanas de mandato, antes de que le obligasen a dimitir. La tarea de la Comisión Zondo, cuyas principales sesiones son retransmitidas en directo como gesto de transparencia, se concentra en la investigación del entramado de corrupción general gestado durante el mandato de Zuma.

Muchas han sido las bromas que circulaban por las redes sociales sobre la incapacidad del sistema judicial para plantarle cara a Zuma, y cuando finalmente ingresó en la cárcel los disturbios se multiplicaron. Hubo una reacción de protesta automática que comenzó en la provincia de KwaZulu-Natal, y que según diversos analistas sudafricanos fue utilizada para azuzar los graves problemas económicos del país (con un 70 % de paro juvenil) y conducir la situación al pillaje, el caos y la violencia.

La reacción de las fuerzas del orden, contenidas por la directriz del presidente Ramaphosa de disolver las protestas y recuperar el orden sin usar munición real, fue lenta y muy criticada. Los ciudadanos huían despavoridos de los centros comerciales mientras otros se organizaban en grupos de vigilancia (usando sus propias armas) para defender sus propiedades y negocios. Durante siete días, uno de los países más importantes e influyentes del continente africano, referencia en avances democráticos y en la lucha contra la discriminación racial, se hundía en el caos más absoluto.

El resultado, además de los al menos 337 muertos y más de 3000 detenidos, fueron más de mil pequeños negocios, que sobrevivían como podían por la pandemia, arrasados, más de 160 centros comerciales atacados, al menos una decena de almacenes atacados y 8 fábricas destruidas. En las últimas semanas de julio el gobierno provincial de KwaZulu-Natal declaró “el estado de desastre” en la zona debido a la magnitud de los daños materiales y calculó un coste estimado de 1534 millones de rands.

Acelera la vacunación

No son cifras comparables a los países europeos, donde la mayoría están por encima del 50 % vacunados, pero sí en relación al conjunto del continente africano en el que apenas un 1,6 % lo está. Sudáfrica ha acelerado el ritmo de vacunación durante el mes de julio alcanzando la protección completa el 4,33 % (dos millones y medio de personas) y una primera dosis el 9,36 % (5,5 millones). “Estamos administrando más de 240 000 vacunas a la semana, cuando en junio apenas llegábamos a las 100 000”, apuntó Ramaphosa.

En Sudáfrica se han contagiado 2,4 millones de personas y han muerto 70 900 por covid-19, pero la actitud desde marzo de 2020 ante el virus es muy diferente a la experimentada en Europa. Acostumbrados a enfrentarse a enfermedades contagiosas graves como el SIDA o la tuberculosis, los científicos sudafricanos se han planteado la lucha contra este coronavirus como un proceso. Por eso en los laboratorios se ha priorizado desde el primer momento la segmentación del virus, que permite detectar nuevas variantes y comprobar la eficacia real de las vacunas que se administran (la AstraZeneca no es efectiva en el país), y se trabaja con la vista puesta en el futuro, para evitar que la próxima pandemia afecte de la misma manera.

Sudáfrica tiene ya dos acuerdos con farmacéuticas (la primera fue Johnson & Johnson con Aspen) que están produciendo la vacuna para realizar el “rellenado y acabado”, así como la distribución, en el continente africano. El último lo firmó la sudafricana Biovac con la estadounidense Pfizer y la alemana Biontech para producir cien millones de dosis al año. Es un paso que acerca las vacunas al continente africano, pero como han advertido desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ongcomo Médicos Sin Fronteras (MSF), “es insuficiente para la independencia de las vacunas en África”. “Pedimos una transferencia tecnológica completa y urgente para apoyar la producción y suministro sostenible de las vacunas en África, una acción que costaría menos de 20 millones de dólares”, explicó en un comunicado MSF. El objetivo, como recordó John Nkengasing, director del Centro Africano para el Control y Prevención de Enfermedades, es inocular a un 20 % de la población continental a final de año, porque no será hasta 2023 cuando se alcance la inmunidad de rebaño. Aunque en Burundi, Eritrea, Sáhara Occidental y Tanzania aún no se ha distribuido una sola vacuna.

Ramaphosa anunció que a partir del 1 de septiembre la franja de edad entre los 18 y los 34 años, la más amplia, empezará a vacunarse. “En los próximos dos a tres meses vamos a recibir unos 31 millones de dosis adicionales de Pfizer y Johnson & Johnson. Lo que nos permitirá tener suficientes vacunas hasta final de año”, añadió confiado.

Múltiples frentes abiertos en un país que 27 años después de acabar con el apartheid, los mismos años que Mandela estuvo encarcelado, no puede sentir el mismo alivio y liberación por lo logrado que el histórico líder africano.