La desinformación, mejor entendida como información falsa o engañosa, con o sin intención de engañar, es un problema reconocido desde hace tiempo en todo el mundo. Junto con la desinformación, que se difunde deliberadamente para desinformar o engañar, constituye una parte fundamental del desorden informativo que distorsiona el debate público en todo el mundo.

Cuando las leyes o regulaciones se utilizan efectivamente para prevenir la continua difusión de información errónea verdaderamente nociva, como en los casos que examinamos en Uganda y Sudáfrica, es plausible que puedan reducir directamente el daño.

La preocupación por los efectos de la desinformación en las personas y en la sociedad ha crecido a nivel mundial desde 2016, cuando muchos comentaristas consideraron que estaba detrás de las convulsiones políticas del Brexit en el Reino Unido y de la elección de Donald Trump en Estados Unidos.

En África, el interés por el tema creció sobre todo después de que se conocieran las campañas de desinformación llevadas a cabo por la empresa británica de relaciones públicas Bell Pottinger, en nombre de la familia Gupta, que avivaron las tensiones raciales en Sudáfrica en 2016 como consecuencia del creciente enfado de la población por el papel central de la familia en importantes casos de corrupción y acaparamiento del Estado.

En Nigeria, la preocupación por la desinformación aumentó tras conocerse el papel que la desinformación orquestada por la consultora política británica Cambridge Analytica desempeñó en las elecciones de 2015. Lo mismo ocurrió en Kenia, cuando la empresa apoyó la campaña del presidente Uhuru Kenyatta en las elecciones que tuvieron lugar dos años después.

Ante la creciente preocupación de los políticos y la opinión pública, los Gobiernos de todo el mundo han aprobado desde 2016 un aluvión de leyes y reglamentos que penalizan la publicación o difusión de lo que se considera “información falsa”.

En nuestro estudio examinamos los cambios realizados en las leyes y reglamentos relativos a la publicación de “información falsa” en 11 países subsaharianos entre 2016 y 2020. También examinamos cómo se correlacionan con la información falsa, para entender el papel que pueden desempeñar en la reducción del daño causado por la desinformación.

Descubrimos que, si bien estas leyes tienen un efecto amedrentador en el debate político y mediático, no reducen los efectos dañinos de la desinformación. Esto es importante, ya que las leyes reducen el debate público, pero no logran frenar los efectos nocivos de la desinformación. 

Leyes sobre “información falsa”

En primer lugar, identificamos las leyes y reglamentos relativos a la “información falsa” en una muestra de leyes de 11 países -grandes y pequeños, anglófonos y francófonos- de todo el África subsahariana. Los países estudiados entre 2016 y 2020 fueron Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Etiopía, Kenia, Malaui, Níger, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Uganda.

A continuación, comparamos la naturaleza de las leyes aprobadas con lo que se sabe sobre los tipos, los impulsores y los efectos de la desinformación. Los resultados se basan en el estudio de 1200 afirmaciones identificadas como falsas por una o varias de las 14 organizaciones de comprobación de hechos de África. Por último, evaluamos los efectos de la aplicación de las leyes.

En nuestro informe de investigación descubrimos que, en los 11 países estudiados, el número de leyes contra la “información falsa” casi se duplicó de 17 a 31 entre 2016 y 2020.

El problema que identificamos es que estas leyes restringen la libertad de expresión y no reducen el daño real -o potencial- que causa la desinformación.

Esto nos indica que el enfoque punitivo no parece funcionar.

Por el contrario, una aproximación que favorezca un mejor acceso a la información precisa y la corrección de la información falsa sí puede hacerlo.

Describiendo el “efecto paralizante” que las leyes han tenido en el debate público en Uganda, un analista ugandés nos dijo:

• “La autocensura ha aumentado en el pasado reciente debido a la continua aplicación arbitraria de la ley por parte del Estado”.

Enfoque punitivo

En primer lugar, descubrimos que la mayoría de las leyes relacionadas con la “información falsa” tenían un enfoque punitivo. No buscaban corregir la información falsa ni facilitar un mejor acceso a la información precisa, sino castigar la publicación con multas y penas de prisión de hasta 10 años.

En segundo lugar, un tercio de las leyes estudiadas -desde el Code du Numérique (2018) en Benín hasta el Broadcasting Code of Conduct in Nigeria (2016)– no exige ninguna prueba de que la información supuestamente falsa haya causado o corra el riesgo de causar algún tipo de daño, para que su publicación sea declarada delito. Otras seis leyes castigan “delitos” no reconocidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión. Un ejemplo de ello es la “molestia” a los ministros.

En conjunto, más de la mitad de las leyes no están, por tanto, relacionadas con la reducción del daño reconocida por el derecho internacional.

En tercer lugar, descubrimos que, en general, no se define cómo deben determinar los tribunales qué información es “falsa” o qué constituye un “daño”. Por lo tanto, las decisiones son arbitrarias y están abiertas al abuso político.

Nuestro estudio reveló que la mayoría de los castigados por estas leyes son políticos de la oposición o periodistas. Ninguno era un funcionario del Gobierno o un político del partido gobernante, lo que no corresponde con lo que sabemos sobre la desinformación y el papel de algunos políticos que contribuyen al problema.

En cuarto lugar, descubrimos que las leyes surten efecto a una escala minúscula en comparación con los casos de desinformación en circulación. El proyecto Disinformation Tracker, creado en 2020 para estudiar la aplicación de las leyes sobre desinformación y noticias falsas, descubrió que en los 11 países solo se llevaron a cabo 12 “acciones de aplicación de la ley” en tres meses. Solo una cuarta parte de estas acciones tenían una “finalidad objetivamente legítima”.

Esto no es nada en comparación con los cientos de casos de desinformación a los que se enfrenta el creciente número de organizaciones de comprobación de hechos en África, y las millones de decisiones de moderación de contenidos tomadas diariamente en todo el mundo por las plataformas tecnológicas, muchas de las cuales tomadas para contrarrestar la desinformación.

Cuando las leyes o regulaciones se utilizan efectivamente para prevenir la continua difusión de información errónea verdaderamente nociva, como en los casos que examinamos en Uganda y Sudáfrica, es plausible que puedan reducir directamente el daño.

Pero nuestro estudio sugiere que estos casos son la excepción, no la regla.

Lo que funciona contra la desinformación

Nuestro estudio muestra que el enfoque legislativo punitivo no está funcionando y sugiere que los enfoques alternativos pueden ser más eficaces.

Esto incluye los esfuerzos realizados en todo el continente para mejorar el acceso a la información correcta. Algunos ejemplos son la creación de un organismo de control independiente de la calidad de las estadísticas oficiales, como existe en el Reino Unido, y un organismo independiente que garantice el acceso público a dicha información, como en Sudáfrica.

Esto es esencial para contrarrestar la desinformación.

Esto puede verse en el “derecho de réplica” incluido en la legislación de Malaui, que obliga a las emisoras a emitir “contraversiones” de “entidades afectadas por una afirmación de hecho” si se puede demostrar que el “hecho” es falso.

También puede verse en un nuevo y mejorado código de prensa en Senegal. Introducido en 2017, requiere que todas las emisoras de noticias adopten un código de ética profesional. Esto implica centrarse en la verificación, con el trabajo supervisado por un organismo regulador independiente.

Otro enfoque es permitir el crecimiento de las organizaciones independientes de verificación de hechos que se ha visto en todo el continente en los últimos años. Estas perspectivas alternativas pueden reducir el daño que causa la desinformación, sin reducir la libertad de expresión.

Assane Diagne, director de Reporteros sin Fronteras para África occidental y profesor de L’Ecole Supérieure de Journalisme, des Métiers de l’Internet et de la Communication en Dakar, Senegal, formó parte del equipo de investigación.

Artículo publicado originalmente en inglés en The Conversation y traducido al español por Casa África. Traducción realizada por Luis Carrascosa Cantizano.