Por José Segura Clavell. Desde comienzos de este año han sido múltiples los síntomas de que la política europea ante África se encuentra en un proceso de reconducción, de modernización. El primer viaje oficial fuera de la UE de la presidenta de la Comisión Europea, la Sra. Dª Ursula Von der Leyen, se produjo apenas una semana después de asumir el cargo en diciembre del pasado año y tuvo como destino Adis Abeba. La capital etíope fue, dos meses después, también testigo de la presencia de una veintena de comisarios europeos para un encuentro con dirigentes de la Unión Africana, que tuvo una carga simbólica especial porque no tenía lugar en Bruselas, sino en la «capital administrativa» de la Unión Africana.

En marzo se presentó la «hoja de ruta» para esta nueva relación UE-UA, que abarcaba cinco puntos: transición verde, digitalización, crecimiento económico, paz y gobernanza e inmigración y movilidad. En aquellas fechas me llamaron la atención las declaraciones del Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, en las que lamentaba que la agenda de las relaciones UE-UA se escribiera «lentamente», como consecuencia de los ‘borrones’ generados por la cuestión migratoria, considerada por la ciudadanía europea como el ‘único problema’. “Uno de los esfuerzos que estamos haciendo es el de no ver a África sólo desde el prisma de la migración. Por desgracia, la sociedad europea lo ve desde esa óptica, como si fuera el único problema”, se quejaba Borrell.

Se percibe que la intención de la UE es la de ir hacia una relación de igual a igual, en la que Europa deje de contemplar el dinero que se entrega a los países africanos exclusivamente como el coste de controlar sus fronteras con el objeto de impedir la inmigración irregular. Creemos notar en las instituciones comunitarias la intención de dejar de ser algo más que un banco, convertirse en un socio comercial de tú a tú y jugar el papel institucional de impulsor de políticas configuradas claramente alrededor de acuerdos globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 o las metas vinculadas a la ‘transición verde’, que intenta dirigirnos hacia una economía que sea más respetuosa con el medio ambiente.

Respecto a las migraciones, la presidenta Von der Leyen dijo exactamente esto en su discurso sobre el Estado de la Unión en el 2020 ante el Parlamento Europeo: “Tomaremos un enfoque humano y humanitario. Salvar vidas en el mar no es opcional. Y aquellos países que cumplen con sus obligaciones legales y morales o están más expuestos que otros deben poder contar con la solidaridad de toda nuestra Nación Europea. Todo el mundo tiene que dar un paso adelante y asumir su responsabilidad”. Estas palabras, sin duda, eran muy esperanzadoras.

Sin embargo, muy pocos días después se publicaba oficialmente la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo que, con el título Sobre un Nuevo Pacto sobre la Migración y el Asilo, se abre al debate y somete a la consideración de los veintiséis Estados miembro. Y ese texto, lamentablemente, ya no refleja tan fielmente el mensaje de la presidenta al Parlamento Europeo: si bien comienza de manera bienintencionada, en las ochenta páginas y varios anexos que lo componen no se define cómo el conjunto de Europa debe repartirse la solidaridad de la atención humanitaria y la acogida de la que hablaba Von der Leyen. Y ahí está la gran clave de este debate.

Vivimos un momento crucial, en pleno debate de una propuesta de pacto europeo que tiene una enorme y evidente importancia para nuestro país y, singularmente, para el archipiélago canario.

El momento, sin duda histórico, nos coincide a los canarios con el hecho de que en los últimos meses observamos con impotencia y tristeza lo complicado que es gestionar la incesante llegada de pateras y cayucos a nuestras costas. O, como también deberíamos verlo, la proeza, valentía y heroicidad de miles de seres humanos que se juegan la vida a bordo de esas embarcaciones, y después de varios y durísimos días de navegación, arriban a nuestras islas.

Pese a la urgencia de la acogida, las cifras crecientes y la atención mediática que genera este repunte en Canarias, es fundamental que no perdamos el foco y tengamos muy claro que, utilizando un símil deportivo, es en Bruselas, y no en Arguineguín, Gran Tarajal o Los Cristianos, donde se juega el partido. La Unión Europea es el foro donde se decide cuál será el escenario y nuestra relación con las migraciones africanas en los próximos (y serán unos cuantos) años.

El momento es ahora. El partido está empezando, y las instituciones deben emitir criterio sobre la propuesta del Pacto. Ahora es cuando nuestro país debe estar atento y activo a la evolución de la tramitación de esta propuesta.

Tenemos que ser conscientes de que ante este debate debemos tener, y tenemos, la obligación moral de defender y abanderar un cambio de perspectiva respecto a las migraciones, que permita superar el enfoque de emergencia y securitario con el reconocimiento del carácter estructural de los flujos, derivado de la inmensa brecha de desigualdad existente entre nosotros y el continente africano.

Tenemos que recordar que lo primero, como acertadamente decía la presidenta Von der Leyen, es que salvar vidas en el mar “no es opcional”. Tenemos que pelear por convencer a nuestros socios europeos de que, ante un fenómeno estructural tan enorme como el que afrontamos, la respuesta no puede ser sino compartida, solidaria, a largo plazo y, sobre todo, humana.

Sin duda no será un camino fácil. De hecho, la historia nos lleva a predecir que será muy complicado lograr un cambio de paradigma en la concepción de las migraciones con el continente africano.

Permítanme hacer un poco de historia. El Acuerdo de Schengen, en 1995, abrió fronteras entre los países europeos, pero ya provocó que Italia y España, cuando entraron, tuvieran que establecer visado obligatorio para nacionales de países del Magreb (Marruecos, Argelia y Túnez). ¿Se acuerdan del llamado turismo de maleta que Canarias tenía con nuestros vecinos africanos? Ahí es cuando empezamos a perderlo.

En 1997, el Tratado de Ámsterdam amplió las competencias de la UE, situando en el ‘Primer Pilar’ y por tanto «comunitarizando» ámbitos tan relevantes como la «inmigración», «el asilo» o «el cruce de fronteras exteriores».

En 1999, el Consejo Europeo de Tampere consagró la colaboración con los países de origen para luchar contra la «inmigración clandestina». En el año 2000, en El Cairo, la primera cumbre entre la UE y África y posteriormente el acuerdo de Cotonú, entre la UE y los países de África, Caribe y Pacífico (ACP) se restringió aún más el asunto: Cotonú ya contenía una cláusula que obligaba a los países ACP a readmitir a sus nacionales o nacionales de terceros Estados que se encontrasen de manera irregular en la UE.

Con los años, fenómenos humanitarios tan duros como los vividos en Ceuta y Melilla (los saltos de la valla) o ‘la crisis de los cayucos’ en Canarias (2006-2008) se intensificaron y marcaron los diálogos políticos UE-África.

En 2015, el fenómeno migratorio extraordinario que provoco la guerra de Siria (más de un millón de personas a través del Mediterráneo) supuso un nuevo punto de inflexión. Ello llevó a la UE a la adopción de medidas esencialmente securitarias, tanto en la Cumbres de La Valeta (2015) como en el nuevo Marco de Asociación con terceros países en materia migratoria (2016). Y tras eso, el definitivo anuncio de refuerzo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para vigilar el Mediterráneo y la definitiva inclusión de la migración como un componente específico de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE.

Como ven, el debate no es nuevo, y los pasos que se han ido dando han tendido siempre a una mayor securitización y endurecimiento de las condiciones para los migrantes.

 Es por ello que insisto en que debemos velar porque, en esta negociación que abre Europa, la perspectiva humanitaria y la solidaridad entre los países europeos no queden ensombrecidas por el egoísmo y cortoplacismo de algunos. Qué fácil es convertir en amenaza a aquellos que son víctimas.

El momento, insisto, es ahora, en el que nuestros hombres y mujeres con responsabilidades institucionales: eurodiputados, diputados y senadores en Cortes Generales, parlamentarios regionales, consejeros de gobiernos autonómicos, Cabildos y hasta alcaldes y regidores de Ayuntamientos, múltiples oenegés y portavoces de la sociedad civil deben pronunciarse y recordarle a nuestra Unión Europea que no tiene ningún sentido convertirse en una cárcel que simplemente eleva sus muros cada vez que alguien los escala.

José Segura Clavell es director general de Casa África y doctor en Ciencias Químicas. Catedrático de Termodinámica en la Escuela Oficial de Náutica de Tenerife y fue profesor titular de Física Aplicada en la Universidad de La Laguna. 

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