La debilidad de los mecanismos de supervisión y el desconocimiento sobre el mar en África hacen que la industria marítima sea un objetivo ideal para la corrupción.

La gran corrupción existente en el sector marítimo africano ha dado lugar a la sobrepesca, a la escasez de recursos y al aumento de la delincuencia, siendo las comunidades costeras las más afectadas. Dos juicios que están teniendo lugar en el África meridional (el escándalo Fishrot de Namibia y el escándalo de la Deuda Oculta de Mozambique) ponen de manifiesto este problema. Debido a los actores internacionales implicados, ambos han tenido consecuencias que van mucho más allá de las fronteras de sus países.

Los juicios desvelan la intrincada red de corrupción, el blanqueo de dinero, los flujos financieros ilícitos y las cuentas en paraísos fiscales, así como la complicidad de empresas y funcionarios gubernamentales de todo el mundo. Y lo que es más importante, demuestran que el sector marítimo necesita urgentemente mejores estructuras de gobierno y sistemas de responsabilidad y transparencia.

La mayoría de los países africanos están poco concienciados sobre los problemas marítimos. Este desconocimiento lo convierte en un sector perfecto para la corrupción, puesto que los mecanismos de supervisión son débiles. Según el Stable Seas Maritime Security Index (Índice de Seguridad Marítima en Mares Estables), la mayoría de los países africanos recibieron una baja puntuación en Estado de derecho por la debilidad de su poder judicial y legislativo. Otros factores incluyen la mala gobernanza en las zonas costeras remotas y la falta de capacidad para supervisar toda la costa.

La gobernanza marítima se define como la capacidad de un gobierno para controlar eficazmente su dominio marítimo mediante acciones y colaboraciones con interesados privados, no gubernamentales e internacionales. Esta combinación de participantes hace que las industrias navieras y portuarias sean particularmente vulnerables a la corrupción. Un estudio realizado en 2019 por el Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (Grupo de Lucha contra el Blanqueo de Dinero de África Oriental y Meridional) señaló a los sectores del transporte y el almacenamiento como los que posiblemente sean más proclives a la corrupción.

La combinación de actores privados y públicos hace que las industrias navieras y portuarias sean vulnerables a la corrupción

El fraude y la corrupción se manifiestan de diversas maneras en el sector marítimo. Un tipo de fraude habitual es la subfacturación, por la que el importador pide al exportador que declare en la factura que las mercancías tienen un valor inferior al precio de venta real.

La corrupción puede traducirse en pagos de facilitación a los funcionarios de aduanas para que permitan el paso de mercancías ilegales o hagan la vista gorda a determinadas obligaciones procesales. Asimismo, se pagan sobornos para obtener contratos, afectar a la asignación de cuotas o influir en las ofertas. Estas maneras en las que se manifiesta la gran corrupción están muy extendidas en el sector pesquero y suelen implicar a empresas internacionales y a funcionarios públicos.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la mayoría de los países ni siquiera ha emprendido una evaluación básica de los riesgos de corrupción en sus industrias pesqueras, dejándolas en situación de vulnerabilidad.

Esto se hizo evidente en el escándalo Fishrot de Namibia, en el que un antiguo ministro del Gobierno exigió sobornos a cambio de un contrato de pesca en el país. Miembros del partido gobernante de Namibia han canalizado millones de dólares a cambio de la asignación de cuotas de pesca. En Sudáfrica, altos funcionarios del Departamento de Pesca han sido acusados de conspirar con una empresa privada, repartiendo ofertas para procesar y exportar orejas de mar.

Pocos países han realizado una evaluación básica del riesgo de corrupción en sus industrias pesqueras

También se ha acusado de corrupción al Departamento de Recursos Minerales y Energía de Sudáfrica por su adjudicación de la licitación del Programa de Adquisición de Productores Independientes de Energía para la Mitigación de Riesgos, por un valor de unos 225 mil millones de rand sudafricano. En su demanda judicial contra el departamento, DNG Energy alegó que la corrupción hizo que su rival Karpowership SA emergiese como ofertante preferente, obteniendo la participación mayoritaria del programa de 2000 MW. Después de que el caso se desestimase en los tribunales, el Comité de Cartera del Parlamento abandonó su investigación al respecto.

El escándalo de la Deuda Oculta de Mozambique, enfocado en la industria marítima, superó tanto en escala como en impacto a todos los casos previos de corrupción del país. El plan implicaba a tres empresas que obtuvieron préstamos internacionales por su papel en el sector marítimo. Los préstamos le costaron al país un gasto extrapresupuestario de unos 2200 millones de dólares, lo que aumentó la deuda de Mozambique hasta niveles insostenibles.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las comisiones ilegales y los sobornos de proyectos marítimos en 2018 ascendieron a más de 200 millones de dólares. Entre los acusados se encontraban dos ejecutivos de una empresa de construcción naval, tres antiguos altos funcionarios del Gobierno de Mozambique y tres antiguos banqueros de inversión con sede en Londres.

Además de los costes económicos que tuvo, el escándalo arruinó la reputación de Mozambique como destino de inversiones e hizo que se desperdiciaran fondos que deberían haberse utilizado para mejorar la educación y los medios de subsistencia. El escándalo Fishrot en Namibia también dañó la imagen del país en lo que respecta a la corrupción, y las comisiones ilegales y los sobornos privaron a las comunidades pesqueras locales de beneficios económicos potenciales.

La falta de transparencia en el sector supone una vulnerabilidad crítica para los contratos marítimos lucrativos

La falta de transparencia en el sector supone una vulnerabilidad crítica relacionada con los contratos marítimos lucrativos. Esto requiere una atención específica, así como medidas anticorrupción más generales. Los Gobiernos africanos que han firmado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción deben dar el siguiente paso e implementarla, ya que esto es vital para establecer sistemas de contratación pública basados en la transparencia y la responsabilidad.

Deben mejorarse los sistemas de divulgación financiera para ayudar a analizar los activos de los funcionarios públicos y los países deben adoptar «marcos de propiedad efectiva» que permitan investigar activos en poder de particulares o de empresas que hacen negocios con el Estado. Y, por supuesto, los sospechosos de alto rango deben ser procesados para desmantelar las redes criminales y actuar como factor disuasivo.

La formación para funcionarios públicos en materia de anticorrupción y antisoborno debería incluir la concienciación sobre la gobernanza marítima. La comunicación electrónica y la digitalización pueden reducir a nivel práctico las oportunidades de fraude, ya que eliminan el factor humano. En el sector marítimo, especialmente en los puertos, la digitalización podría mejorar la gobernanza y la eficiencia, aunque da lugar a nuevos riesgos.

Los casos de África meridional muestran que el sector marítimo africano es vulnerable a la corrupción y al fraude a escala multinacional. Los agentes públicos y privados deben examinar y reforzar sus estructuras de gobernanza marítima para disminuir las oportunidades de corrupción.

Artículo redactado por Richard Chelin y Denys Reva. Fue publicado originalmente en inglés en ISS y traducido al español por Miriam Ojeda Cabrera para Casa África.