Durante mucho tiempo, los pescadores de ambos países han obtenido sus ingresos de la pesca no intensiva. Económica y socialmente, es más importante que la explotación del petróleo.
En las últimas décadas del siglo pasado y principios del XXI, el Cuerno de África se ha visto afectado por conflictos armados: Etiopía y Eritrea (1998-2000), Eritrea y Yibuti (1996) y Kenia y Somalia (1963 y 2019). Para entender esta situación, conviene hacer un recordatorio. Cuando se creó la Organización de la Unidad Africana, predecesora de la Unión Africana, la intangibilidad de las fronteras se convirtió en un principio de la organización continental. La Somalia nacionalista y Marruecos rechazaron este principio.
Es la primera vez que un país de esta región recurre al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por una disputa sobre la delimitación del espacio marítimo. Este conflicto plantea varias cuestiones: ¿Por qué recurren a esta jurisdicción internacional? ¿Deben delimitarse los territorios por tierra, mar y aire antes de entrar en una zona de integración económica? ¿Los recursos codiciados por los dos países servirán realmente para el desarrollo socioeconómico de uno de ellos más que del otro? Entre Kenia y Somalia, lo que está en juego en el conflicto fronterizo ha pasado de ser una disputa étnica de los años sesenta y setenta a la apropiación y el control de los recursos naturales.
Los desafíos de la zona
Desde hace algunos años, Somalia y Kenia mantienen otra disputa, que afecta a una zona marítima de 100 000 km2. Es un área que no ha sido delimitada. Lo que está en juego en este conflicto no es otra cosa que el control de una zona, potencialmente rica en recursos de gas y petróleo. Y esto crea inevitablemente codicia entre los lugareños. No hay datos fiables sobre esta reserva. Se trata de un conflicto que recuerda al que enfrentó a Camerún y Nigeria por la península de Bakassi en la década de 1990.
En lugar de negociar bilateralmente, cada Gobierno asume la soberanía sobre esta zona marítima. La concesión de licencias de exploración por parte del Gobierno keniano a principios del año 2000 a las empresas petroleras Total, Anadarko Petroleum y Eni SpA desencadenó un conflicto entre ambos países. Son empresas petroleras occidentales que, sin duda, han jugado con los riesgos jurídicos y políticos entre Kenia, políticamente estable y con un fuerte crecimiento económico antes de la crisis producida por la Covid-19, y la República Federal de Somalia, inestable y cuyo gobierno central no tiene autoridad sobre todo el territorio. Por sorprendente que parezca, no hay empresas chinas, a pesar de que China está invirtiendo más que Estados Unidos y los países europeos en Kenia y Somalia. Además, es uno de los contribuyentes de Amisom, la misión de mantenimiento de la paz de la Unión Africana en Somalia. También el hecho de haber sido víctima del terrorismo y la cooperación con Estados Unidos e Israel le dan apoyo diplomático. En cuanto a Somalia, está sumida en la inestabilidad política desde 1991, con un gobierno central que no controla todo el territorio, una administración central que se está reconstruyendo después de muchos años de guerra civil y el riesgo de actos terroristas sigue existiendo.
Los recursos naturales como objeto de rivalidad política
Para defender su posición sobre la delimitación, los Gobiernos keniano y somalí defienden argumentos tanto políticos como geográficos. Kenia recuerda que ha ejercido su soberanía sobre la zona en disputa desde 1979, proclamando los límites de su zona económica exclusiva. Sin embargo, no ha presentado ningún documento que justifique esta soberanía. Además, no puede decidir solo. De hecho, ha aprovechado la inestabilidad política y socioeconómica de la República Democrática de Somalia tras sus derrotas militares contra Etiopía y las crisis económicas y políticas que ha sufrido.
Ante lo que puede llamarse un hecho “adquirido”, Somalia reaccionó remitiendo el asunto a la Corte Internacional de Justicia en 2014; ésta se declaró competente en febrero de 2017. Pero Nairobi está a favor de la solución diplomática, por lo tanto de la negociación, y argumenta que hubo un acuerdo de 2009 con Mogadiscio. Y es sobre la base de este supuesto acuerdo que Kenia ha intentado en vano que la CIJ se declare incompetente.
Para Somalia, la delimitación de este espacio debe seguir la frontera terrestre y extenderse hacia el sureste, mientras que Kenia optó por una delimitación en línea recta, partiendo de la frontera terrestre, paralela a la latitud.
En respuesta a la decisión de Kenia, el Gobierno somalí ha subastado las licencias a empresas petroleras en 2019. Entre 2019 y finales de 2020, la tensión se manifestó en la retirada de diplomáticos. Pero otro hecho marcó el choque diplomático: la visita “oficial” del presidente de Somalilandia a Kenia. De hecho, este último fue recibido como jefe de Estado mientras gobernaba una región de Somalia por el presidente Uhru Kenyatta.
Las consecuencias socioeconómicas y políticas del conflicto
Tanto si se acuerda una resolución de la CIJ como un acuerdo bajo la supervisión de una organización regional o internacional, hay consecuencias para las poblaciones. En los últimos argumentos de los dos Gobiernos, observamos que se descuida un sector económico y social importante para las poblaciones: la pesca. Durante mucho tiempo, los pescadores de ambos países han obtenido sus ingresos de la pesca no intensiva. Económica y socialmente, es más importante que la explotación del petróleo.
El otro impacto es el resurgimiento del nacionalismo en ambos lados de la frontera. Y es de nuevo la construcción nacional, tanto en Kenia como en Somalia, la que lo sufrirá. El sentimiento antisomalí de los demás pueblos de Kenia puede aflorar y, por tanto, las consecuencias serán dramáticas para la minoría somalí. No hace falta mucho para que la pobre gente sea manipulada y reviva la violencia postelectoral que ha vivido Kenia en los últimos años.
Por parte de Somalia, la frágil reconstrucción política del país se verá afectada. Al cambiar su agenda, el gobierno del presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, conocido como Mohamed Farmaajo, se juega su futuro. Se trata de un gobierno frágil que ha sido políticamente cuestionado durante algunos meses. Elegido en 2017, el mandato del actual presidente expiraba en febrero de 2021. En lugar de aprobar una ley para celebrar elecciones presidenciales, decidió aplazar las elecciones y, de este modo, prolongar automáticamente su mandato 2 años antes de dar marcha atrás. Esta desafortunada decisión provocó enfrentamientos y manifestaciones de la oposición y de los ciudadanos.
Una resolución negativa del conflicto para Somalia podría provocar una grave crisis sociopolítica en un país marcado por las divisiones y que aún sufre los ataques del grupo Al Shabab.
También habrá repercusiones en la lucha contra el terrorismo y, en particular, contra Al Shabab. ¿Mantendrá Kenia sus tropas en Somalia? ¿Aceptaría la población somalí la participación de Kenia en Amisom (la fuerza de mantenimiento de la paz de la Unión Africana en Somalia)? ¿Cuáles serán las políticas de sus vecinos y, en particular, de la República de Yibuti y Etiopía?
Sin ser catastrofista, podemos temer más tensiones entre los dos países.
Artículo redactado originalmente en francés por Bahdon Mohamed Abdellahi y traducido al español por Luis A. Carrascosa Cantizano.
