El volcán de La Palma demostró que debemos convertir INVOLCAN en un verdadero Centro Nacional de Volcanología, con financiación estatal, regional y de los cabildos, autonomía propia y una labor científica, de sensibilización y cooperación permanente con administraciones y colectivos sociales de esta tierra, no condicionada a las emergencias

Pertenezco a una generación de personas que hemos tenido el inmenso privilegio de participar, en la medida de nuestras posibilidades, en la configuración de este Estado democrático del que tan orgullosos nos sentimos. Ya en esta mi madurez física he creído conveniente describir y poner en valor la labor de alguna de las instituciones en las que he estado integrado. De ahí, la justificación de este artículo y de los próximos que pretendo hacer llegar a ustedes.

Doce años en el Cabildo de Tenerife, cuatro de ellos presidiéndolo, me obligan moralmente hoy a poner en valor el importante papel que esa institución jugó, ha jugado y juega en el ámbito de la potenciación científica de nuestra isla y, en consecuencia, de toda Canarias. 

Recuerdo la creación y puesta en marcha del Centro de Edafología y Biología Aplicada de Tenerife (CEBAT) por el Cabildo de Tenerife en 1956 de la mano de Enrique Fernández Caldas y que posteriormente se convierte en centro propio del CSIC.

Recuerdo también el impulso del Cabildo de Tenerife para la puesta en marcha del Instituto de Investigaciones Químicas de Tenerife de la mano de nuestra insigne figura científica Don Antonio González (catedrático de Química Orgánica) y que en 1965 pasa a ser centro coordinado del CSIC, o el germen del que es hoy el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que también contó con el apoyo de la corporación insular tinerfeña a través de su impulsor, el científico Francisco Sánchez. O, en el ámbito sanitario, el Hospital Universitario, condición previa de lo que fue la Facultad de Medicina, y así tantos otros casos cuya descripción sería adecuada más para un ensayo largo que para un artículo como el que les escribo.

Por ello, y en esa ruta de trabajo, ya en el año 1983 tuvimos la oportunidad de participar en la adopción de un importante acuerdo entre el Cabildo de Tenerife y el citado CSIC para la creación de la ‘Estación Volcanológica de Canarias’, que se adscribió en 1984 a la Red del Museo Nacional de Ciencias Naturales como hijuela en las islas promocionando actividades y exposiciones sobre temas monográficos, conferencias, etc… Además, se impulsaron proyectos como el ‘Estudio de áreas volcánicas activas en Canarias’, el estudio paleomagnético de la isla de Lanzarote u otro sobre el volcanismo activo y el riesgo volcánico en la isla de Tenerife.

A lo largo de los años posteriores, la Estación Volcanológica fue creciendo en su actividad de estudio e investigación y, en consecuencia, de utilidad a la ciencia en su conjunto y, singularmente, a la transmisión de conocimientos volcanológicos a nuestros conciudadanos. Esa estación fue el germen de lo que hoy es INVOLCAN, el Instituto Volcanológico de Canarias, que fue formalmente creado en junio de 2010 a raíz de las declaraciones unánimes de las Cámaras Legislativas (Congreso, Senado y Parlamento de Canarias) para su creación y puesta en marcha.

Quiero recordar que durante varios meses del año 2004, coincidiendo con mi etapa de delegado del Gobierno de España en Canarias, Tenerife vivió un episodio de crisis sismo-volcánica, un incremento preocupante de la actividad del Teide con sus correspondientes temblores, que puso en evidencia ante la ciudadanía y sus responsables públicos las debilidades y las amenazas a las que nos enfrentábamos por no haber materializado todos los esfuerzos necesarios para contribuir a la reducción del riesgo volcánico, esfuerzos que la comunidad científica llevaba años recomendando.

En esa época preparamos un documento reclamando al Gobierno del Estado la creación de un Observatorio Volcanológico de Canarias. Dicha propuesta fue presentada y remitida al Gobierno por su Delegación en Canarias, de la que yo era su responsable, y recibió el apoyo de los entonces presidentes del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife. El objetivo: coordinar las acciones destinadas a la reducción del riesgo volcánico en las islas y optimizar los beneficios de convivir en un territorio volcánico.

La propuesta se basaba en la evidencia de la actividad sísmica y volcánica en Canarias y en la necesidad de contar con un organismo autónomo dependiente de las tres administraciones que elaborase mapas de peligrosidad, pusiese en marcha un equipo de emergencia y colaborase con la educación y la divulgación sobre el fenómeno volcánico.

Lamentablemente, nuestra idea no caló en la Administración General del Estado al no creer conveniente la creación de un centro de investigación volcanológico autónomo y radicado en el archipiélago. Decidió transferir por decreto en el año 2004 al Instituto Geográfico Nacional una responsabilidad inédita para ese ente, el seguimiento volcánico, lo que generó dispersión y falta de coordinación entre las diferentes instituciones implicadas.

Y eso explica que, seis años más tarde, en 2010, el Cabildo de Tenerife crease el Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), una empresa pública que ya ha participado en proyectos de colaboración científica en más de 20 países y regiones volcánicas y que ha supervisado el seguimiento científico de los volcanes más importantes del archipiélago canario.

Hay que poner en valor esa iniciativa del Cabildo de Tenerife, que creó INVOLCAN en la convicción de que en un futuro sería coparticipada por otras instituciones: un instituto científico de tamaña importancia debería siempre depender de un consorcio en el que participasen tanto el Estado como el Gobierno de Canarias, los restantes Cabildos insulares y nuestras universidades. 

De hecho, en 2011 llegó el volcán submarino de El Hierro y se volvió a reclamar esa coordinación; en 2018, la Comunidad Autónoma de Canarias creó, vía decreto, su propio Plan de riesgos y emergencias volcánicas (Pevolca) y en 2021 la erupción de La Palma hizo aún más patente la urgencia y la necesidad de apostar por una medida así: la de contar con un observatorio permanente y de que Estado, Gobierno canario y cabildos dejasen de ser compartimentos estancos en materia volcanológica. Lo ideal, sin duda, sería que fuese un ente con autonomía propia, cofinanciado por todos los actores mencionados y con ambición científica, de cooperación con otras administraciones y centros de todo el mundo, y ejerciendo la necesaria labor de sensibilización y didáctica hacia nuestra ciudadanía.

El informe de 2004 advertía de algo muy lógico, que quedó evidenciado en los daños que pudimos ver a raíz del volcán de La Palma: “el problema de la gestión de las crisis volcánicas que puedan ocurrir en Canarias en el futuro se agudizará con el tiempo por el aumento demográfico y el incremento del desarrollo socioeconómico que experimentará la región”.

Es decir, que el riesgo volcánico sigue siendo el que es y el que ha sido en los últimos años, el de una zona activa, pero es evidente que, en la medida que el crecimiento y urbanización de las islas con potenciales erupciones volcánicas han sido enormes (el caso de Tenerife es el más claro, pero lo hemos visto perfectamente en La Palma, afectando a viviendas, negocios y zonas pobladas de la isla), más debemos estar preparados y coordinados para que una erupción no genere daños humanos.

La propuesta que defendí en el año 2004 desde la Delegación del Gobierno de España, así como la que realicé en el Congreso de los Diputados en el 2009, sigue siendo válida a día de hoy, y más aún habiéndose vivido el impacto del volcán de la isla de La Palma y sus consecuencias.

Esta petición sigue siendo amplia e internacionalmente sustentada por científicos volcanológicos de todo el mundo. En septiembre del año pasado, 221 científicos y científicas, vinculados a 102 instituciones científico/académicas de 37 países alrededor de la investigación volcanológica, firmaron el manifiesto ‘Una apuesta de presente y futuro para la gestión científica del riesgo volcánico en España’.

Su reivindicación principal era la de crear un Centro Nacional de Volcanología o Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) que coordinase la gestión científica del riesgo volcánico en España, especialmente en Canarias, donde se concentra la única zona del territorio nacional expuesta al riesgo volcánico, como refrendan las 18 erupciones históricas ocurridas durante los últimos 600 años. Los científicos proponían que INVOLCAN debería tener sedes en las islas volcánicamente activas de Canarias, teniendo la sede central en Tenerife, en la que se encuentra el Teide, uno de los 16 Volcanes de la Década reconocidos por la IAVCEI (Asociación Internacional de Volcanología y Química del Interior de la Tierra) y la UNESCO.

Mientras les comento todo esto, sin descartar que en las próximas décadas podamos vivir nuevos sucesos de naturaleza volcánica, seguimos sin una institución coparticipada, independiente y con ambición científica. Hace ya casi tres años de la erupción de La Palma y este ente coordinado, el INVOLCAN, una entidad precisamente nacida con el aval político de las Cortes Generales y del Parlamento de Canarias como una apuesta conjunta de todas las administraciones, sigue siendo un ente público solo participado por el Cabildo de Tenerife. Y eso pese a que desde hace dos años los presupuestos autonómico y estatal han reservado partidas para hacer posible esta realidad y entrar, para entendernos, en el ‘accionariado’ de esta institución.

Dado que existen consignaciones presupuestarias, es menester dar nuevos pasos para consolidar esta iniciativa y que la entidad resultante respete el gran trabajo de 40 años que ha llevado a cabo el Cabildo de Tenerife.

Artículo redactado por José Segura Clavell, director general de Casa África, y publicado en Canarias7, Kiosco Insular y Diario de Avisos los días 27, 28 y 29 de julio de 2024.