Existe, pero no está permitido. La cárcel y la marginación son algunos de los efectos secundarios de una condena social. Forma parte del sistema de creencias de la mayoría de los etíopes. Para una minoría es, simplemente, un paradigma que debe caer cuanto antes. Se trata del colectivo LGTBIQ+ en Etiopía. “Cualquier persona que realice un acto homosexual estará sentenciado”, se afirma en el Código Penal de este país.

Las relaciones entre personas del mismo sexo, la transexualidad y las formas de ser más allá del binarismo no están aceptadas políticamente en el país africano. El Gobierno de este Estado federal, los organismos vinculados a este -como la Policía o el Ejército- y la sociedad cuentan con un sistema de creencias lejos del europeo. Está basado en la familia como una relación entre hombre y mujer, siendo él quien trabaja y proporciona los ingresos a la familia y, ella, la persona que cuida de los infantes y del hogar.

El país está reconocido como una república democrática: la República Democrática de Etiopía. El artículo 10 de la constitución, del año 1994, dice “los derechos humanos y las libertades que emanan de la naturaleza de la humanidad son inviolables e inalienables”. Y, aunque se considera un Estado laico, la religión ortodoxa tiene gran fuerza, tanto en grandes ciudades como en zonas tribales. Este es el mayor de los motivos por los cuales gran parte de la población no tolera al colectivo LGTBIQ+.

Libertades de un país no permisivo con las relaciones LGTBIQ+

El artículo 27 de la Constitución expone la libertad de religión, de creencias y de opinión. Se apunta a la necesidad de que toda persona tenga derecho a estos aspectos. Aun así, el texto se centra en la divinidad y no menciona, en ningún momento, las relaciones entre personas. 

Este se complementa con la segunda parte de la legislación, basada en los “derechos democráticos”. Se enfatiza reiteradamente el derecho a tener “opiniones sin injerencias […], de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo […] y por cualquier medio de su selección”. Aun así, esta libertad de creencias queda limitada en término de géneros más allá del binarismo. Se establecen los hombres y las mujeres como los sujetos de los derechos matrimoniales, personales y familiares.

Esta información se amplía y detalla en el Código Penal. En este, se formula que “cualquier persona que realice un acto homosexual es sentenciada a prisión”. Se trata del artículo 629, en la sección II. El interno estará en el centro mínimo un año y máximo diez, en función de lo grave que se considere el caso: si la persona que se juzga como responsable del caso se considera que ha aprovechado de la salud mental o ha usado su posición de autoridad -como un tutor, profesor, empleador, etcétera-, se califica de grave. También, si la relación se convierte en una profesión, un negocio.

En segundo lugar, la persona puede ingresar en prisión entre tres y quince años si se concibe que hay violencia, intimidación o toma ventaja de una mayor fortaleza frente a la otra persona, tanto física como mental. También, si la situación ha acabado en el suicidio y el menosprecio. 

Además, se castiga a cualquier persona que tenga relación homosexual con un menor, que se debe enfrentar a entre tres y quince años de cárcel si la otra tiene entre 13 y 18 años. Si tiene más de 30 años, la pena será de 15 a 25 años. 

En todo caso, aquel que se considera que ha propiciado la relación siempre será condenado a prisión. Si ha habido daños físicos o mentales, la prisión durará el resto de la vida del considerado culpable.

Control exhaustivo en la capital

Ante el sistema impulsado por Etiopía, a mediados de agosto tuvo lugar una operación para cerrar los clubs LGTBIQ+ clandestinos de la capital. La policía encabezó la actividad junto con la Oficina de Administración de Paz y Seguridad de Addis Abeba. Se analizaron establecimientos diversos, como hoteles, bares y restaurantes, que se consideraban sospechosos.

Esta operación vino derivada de una fiesta que tuvo lugar en una antigua casa de la familia real, ubicada cerca de la Embajada de Francia -en la capital- y propiedad de los descendientes: “Hicieron una celebración clandestina preparada para la comunidad homosexual”, explica un local. Los hechos se revelaron a raíz de un vídeo publicado por un camarero. Un vecino de la zona detalla que no hubo detenciones.

Un guía de una agencia de viajes explica que la legislación, así como el pensamiento contrario a estas relaciones, deriva de la “alta influencia de la religión cristiana y musulmana” y de la naturaleza: “Un hombre está hecho para la mujer, y al revés”. Añade que, aparte de las penalizaciones impuestas por el Gobierno, una muestra de amor en público puede derivar en actos de violencia por parte de los paseantes. “¿Por qué tiene que dar a conocer su orientación sexual? Uno no dice que es hombre o mujer. Es una cuestión personal”, relata.

Las tribus, una realidad alejada de la capital, pero fiel a la legislación

Si bien las autoridades controlan este asunto en las grandes ciudades, como Addis Abeba, las tribus o etnias del sur no se quedan al margen. Son ejemplos los dorze y dassenech.

Los dorze son un conjunto de 12 aldeas. Un local, de 28 años, explica con inseguridad y timidez que “no hay ninguna ley que recoja que están permitidas estas relaciones”. En su etnia, no conoce a nadie de orientación homosexual. Y, en caso de que hubiese algún caso, “la gente lo aislaría”. El motivo también viene derivado, según expone, de la alta influencia de la religión ortodoxa.

Por otro lado, un miembro de la tribu dassanech -con 8 poblados- insiste en el hecho de que no está permitido: “Y tampoco se habla”. Si la policía descubre a una persona teniendo relación con alguien del mismo sexo “acaban con su vida” o lo llevan a la cárcel. No obstante, recuerda una que, en su aldea, se dejó descubrir como mujer. Se sentía y se siente- mujer. Con la voluntad de mostrar que los colectivos a favor del LGTBIQ+ emergen en el país, explica cómo el resto de la tribu no le impidió ser ni sentir lo que quería. Ahora bien, otro de los locales añade que no tienen permitida la entrada a la escuela. Así pues, se trata de una situación que varía en función del poblado, pero que a nivel gubernamental no está permitida.

La vena activista

Desde el sistema de creencias europeo, esta situación resulta impactante. Y, dentro del país, emergen organizaciones que quieren revertir la situación y favorecer una legislación que permita todo tipo de relaciones interpersonales. Se trata de The house of Guramayle, encabezado por Faris Cuchi Gezahegn, Bahi Shewaye, Zelly Lisanework, Robel Hailu y Amrote Assefa. Es una organización que pretende mejorar las condiciones de vida de la población etíope.

Sanciones por parte de la ONU

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) insta a Etiopía a modificar la legislación respecto a esta cuestión. El 16 de diciembre de 1966, la Asamblea General firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor el 23 de marzo del 1976. Este sigue las cláusulas de la Carta de las Naciones Unidas, como la libertad, la justicia y la paz en relación con la dignidad de las personas, sus derechos e igualdades. 

Etiopía no se adhirió hasta 1993. En 2011, la ONU penalizó al país por la “violación de los derechos de la vida privada y a la protección contra la discriminación contemplados”, refiriéndose a las penas por vínculo con la comunidad LGTBIQ+. 

El organismo internacional instó al Estado a adoptar medidas para dejar de penalizar las relaciones de adultos del mismo sexo. Entonces, pidió que se adaptase el sistema legislativo y judicial al Pacto. Además, y en términos de sensibilización, solicitó poner fin a la estigmatización social de la homosexualidad y reafirmó su postura de no tolerar ningún acto de discriminación por orientación sexual.

En estos momentos, Etiopía forma parte del Pacto, pero no ha cambiado las sentencias recogidas en el Código Penal.

Artículo redactado por Nàstia Mas Guerrero.