En la mayor parte del continente africano -en 33 de 55 países-, la homosexualidad es penada con cárcel. Solamente en este año, seis países (Kenia, Ghana, Namibia, Níger, Tanzania y Uganda) han dado pasos para endurecer sus leyes antihomosexualidad y otros podrían seguir su ejemplo.

Es el mayor número de países que ha promulgado este tipo de leyes en los últimos años. Esta tendencia contrasta con la decisión de Angola (2021) y Gabón (2020) de despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo. La tendencia actual sugiere que África está retrocediendo en derechos.

Distintas medidas políticas internacionales reconocen el impacto de la discriminación contra lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer, intersexuales, asexuales y otros dentro de la comunidad (LGBTQIA+). Una de ellas es la Resolución 41/18 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la protección contra la violencia y la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. Otra, legalmente adoptada, es la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. El artículo 2 proclama el derecho a la igualdad de todos y protege contra cualquier discriminación basada en sexo o cualquier otra condición.

Sin embargo, la Unión Africana (UA) no tiene una posición oficial acerca de si esta postura incluye la orientación sexual y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos no ha sido muy rotunda en este tema. La Comisión afirmó que el artículo 2 incluía a todas las personas y dio estatus de observador a la Coalición Africana de Lesbianas, pero posteriormente rechazó solicitudes basándose en la identidad sexual y de género de las organizaciones. Otros órganos de la UA han interpretado que el artículo 2 excluye a las personas LGBTQIA+ y varios Estados miembros parecen estar de acuerdo con esta afirmación.

Uganda aprobó la ley antihomosexualidad (2023) en el mes de mayo. La ley recoge la pena de muerte por “homosexualidad con agravantes”, que incluye sexo con menores de edad o personas con VIH-0 positivo. Penaliza también la “promoción de la homosexualidad con 20 años de cárcel” poniendo el foco en actividades como persuadir, publicitar, financiar, proporcionar espacios y dirigir operaciones que `promuevan la homosexualidad´.

La disposición que va más allá es el artículo 14 sobre el “deber de denunciar actos de homosexualidad”. Crea la obligación de contactar con la policía ante “cualquier sospecha razonable de que una persona haya cometido o tenga intención de cometer” actos de homosexualidad o cualquier otra ofensa penada por la ley.

La nueva ley criminaliza también el cuidado médico de los homosexuales, conduciéndolos a los tribunales. Cualquier medio de comunicación que comparta información sobre temas LGBTQIA+ podrá ser multado hasta con 1 billón de chelines ugandeses (unos 250 000 dólares americanos) y una suspensión durante 10 años de su licencia para operar.

Mientras tanto, el Parlamento de Ghana aprobó unánimemente en julio un proyecto de ley que aumenta las penas y crea nuevos delitos que criminalizan a la comunidad LGBTQIA+. En el mismo mes, el Consejo Nacional de Namibia aprobó dos propuestas legislativas que definen la palabra `esposos´ como a `un hombre y una mujer´ en una unión de dos personas de sexo opuesto.

Esta propuesta busca rebatir un pronunciamiento del Tribunal Supremo que reconoce como legales a los matrimonios del mismo sexo celebrados fuera del país entre un ciudadano namibio y uno extranjero.

En Níger, la Oficina de Comunicación Presidencial anunció que el nuevo Código Penal penaliza los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo. Posteriormente, se produjo una declaración del entonces presidente del país para criminalizar organizaciones que convoquen, acojan o financien `clubs gais´ o promuevan los derechos LGBTQIA+.

A su vez, el Parlamento de Tanzania está debatiendo criminalizar actos consentidos entre personas del mismo sexo, a pesar de que el Código Penal vigente ya prevé la cadena perpetua.

En Kenia, dos procesos de la Asamblea Nacional proponen recrudecer las leyes antigais. El proyecto de ley para la Protección a la Familia (2023) busca modificar la definición de `familia´ en la Constitución e imponer multas más duras a los actos consentidos entre personas del mismo sexo. El segundo proceso es una moción para prohibir el debate, la publicación y la distribución de información LGBTQ+, incluso a pesar de que el Tribunal Supremo reafirmó los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales y queer a la hora de asociarse en organizaciones no gubernamentales.

Muchas de estas leyes se originaron en la época colonial y los líderes políticos, religiosos conservadores, crearon sistemas que excluyen a las minorías definidas por sexo y género. Argumentan que la homosexualidad es `antiafricana´, a pesar de las investigaciones y relatos históricos que detallan conductas homosexuales en sociedades africanas precoloniales.

Desde principios del siglo 21, a lo largo del continente africano, algunos de los que más avivan la polémica son las organizaciones evangélicas americanas.

OpenDemocracy informa de que cerca de 50 millones de dólares americanos fueron suministrados a gobiernos africanos para desarrollar leyes y políticas contra los derechos de reproducción y sexualidad. En Uganda, casi 20 millones fueron utilizados para apoyar al gobierno a desarrollar leyes como la ley de antihomosexualidad.

Manifestaciones públicas de homofobia prevalecen en la mayoría de países africanos y algunos políticos las utilizan para incrementar su popularidad. En Burundi, el presidente Evariste NdaYishimiye animó a los ciudadanos a `maldecir a aquellos que fueran indulgentes con la homosexualidad´. Conductas similares se observaron en Kenia, donde los líderes se han expresado en los mismos términos.

Aunque algunos países, como Angola o Sudáfrica, han despenalizado la homosexualidad sin leyes complementarias contra la discriminación, los prejuicios sociales permanecen omnipresentes. En Uganda, por ejemplo, un activista de derechos humanos advirtió de que la ley estaba siendo utilizada para extorsionar.

Las personas LGBTQIA+ raramente obtienen los cuidados médicos de salud sexual y reproductiva que necesitan por miedo a ser apartados y discriminados debido, en parte, a las leyes homofóbicas. Este hecho influye en la salud mental de estas personas LGBTQIA+, que sufren ansiedad, depresión y traumas en mayor proporción que la sociedad en general. El aislamiento social y la baja autoestima prevalecen y estas personas a menudo viven solas, lo que incrementa el riesgo de suicidio.

La falta de amparo en cuanto a protección y seguridad expone a la comunidad LGBTQIA+ a la violencia de su entorno. Las políticas, leyes y prácticas anti-LGBTQIA+ también incrementan el riesgo de delitos de odio con violencia.

Sin embargo, hay destellos de esperanza en algunas partes de África. En Cabo Verde, se está considerando una ley antidiscriminación que añade protección a la comunidad LGBTQIA+. Y aquellas personas perseguidas por su inclinación sexual pueden buscar asilo en Sudáfrica.

Seychelles, Lesoto, Botsuana y más recientemente Angola han despenalizado las relaciones entre personas del mismo sexo. Otros países africanos deberían aprender de ellos y fomentar la inclusión y el respeto por los derechos humanos, y no exponer a seres vulnerables a daños mayores.

Artículo publicado el 27 de septiembre de 2023 originalmente en inglés por ISS (Institute for Security Studies) y traducido al español con la colaboración de Casa África. Traducción de María Jesús Pérez Folgueira.