Por Antoni Castel. La organización Transparencia Internacional ha publicado su índice anual de la percepción de la corrupción, que revela datos muy interesantes de África. Si bien es cierto que su media, de 32 puntos sobre 100, es la más baja de las regiones geográficas, cabe destacar que ha habido progresos significativos en algunos países, como Costa de Marfil y Senegal, y resultados notables en otros, como Seychelles, Botsuana, Cabo Verde y Ruanda.

Como a veces las comparaciones son pertinentes, es necesario reseñar que Seychelles (66) se sitúa un punto por debajo de Estados Unidos (67) y cuatro por encima de España (62). Botsuana (60), Cabo Verde (58) y Ruanda (54) también obtienen más puntuación que Italia (53), con quien empata Mauricio. En la lista, los tres últimos de la Unión Europea, Bulgaria, Hungría y Rumanía (todos con 44 puntos sobre 100), son superados por ocho países africanos: Seychelles, Botsuana, Cabo Verde, Ruanda, Mauricio (53), Namibia (51), Santo Tomé (47) y Senegal (45). Suráfrica empata con los tres europeos rezagados.

Los ocho países africanos citados, cuatro insulares y cuatro continentales, con una historia colonial diferente, son un ejemplo de que se puede combatir un flagelo, la corrupción, que, como destaca  John Mukum Mbaku en su libro Corruption in Africa, Causes, Consequences and Cleanups (Lexington Books, 2010), empobrece al pobre. “La corrupción tiene un impacto más grande en el pobre, la parte de la sociedad que está menos capacitada para defenderse de la explotación económica y política de los actores fuertes”, escribe el profesor Mbaku. Una corrupción que alcanza, según denuncia Akinwumi Adesina, presidente del Banco Africano de Desarrollo (BAD), los 148.000 millones de dólares anuales.

Dichos países demuestran, también, que la corrupción no es consustancial a lo africano, porque en América Latina países con más de doscientos años de independencia e instituciones sólidas, como Argentina (42), Colombia (39), Ecuador (39), Brasil (38), Perú (38) y México (31), obtienen una pésima puntuación. En otros continentes, una nación milenaria como China (42) consigue un punto menos que Ghana (43) mientras que Rusia (30) empata con Malí, Gabón y Malaui.

Nadie sería capaz de afirmar que el argentino, brasileño, chino o ruso es corrupto por naturaleza, pero sí de suscribir, amparado por el desconocimiento y la mirada etnocéntrica, cuando no racista, que el africano lo es. Una afirmación que de tanto repetirse llega a aceptarse como válida.

Al reconocer los pasos que han logrado algunos países, no se pretende exculpar a los dirigentes africanos que se benefician de la corrupción para enriquecerse o consolidar redes clientelares que les perpetúan en el poder. Al contrario, se deben mencionar los países cuyas elites políticas han permitido el saqueo de los recursos del Estado, como es el caso de los productores de petróleo, situados en la parte baja del Índice de Transparencia Internacional. Angola (27) no avanza en la lista pesar de las medidas adoptadas por el presidente João Lourenço mientras que Nigeria (25) se estanca. Pero el peor es Guinea Ecuatorial (16), que solo supera a la también petrolera Venezuela (15) y a otros cuatro países en guerra: Yemen (15), Siria (14), Somalia (12) y Sudán del Sur (12).

Seychelles no es el primer país africano de la lista por casualidad. El pequeño estado insular (115 islas; 96.000 habitantes; 455 km²) se dotó en marzo del 2016 de una comisión anticorrupción (The Anti-Corruption Comission of Seychelles), fruto del consenso en el Parlamento entre los partidos políticos, que identifican a la corrupción como el principal obstáculo para el desarrollo. Dos años más tarde, se adoptó una ley que garantiza el acceso a la información (Access to Information Act), con el objetivo de asegurar la transparencia en la gestión gubernamental.

En la página web de la Comisión Anticorrupción (www.accsey.com), el ciudadano puede denunciar casos, y también informarse de los procedimientos. En su breve historia, la comisión superó la peor prueba: que uno de sus altos cargos fuera un corrupto. En diciembre del 2018, Abison de Giorgio fue sentenciado a ocho años de cárcel y una multa de 75.000 rupias de Seychelles (5.000 dólares US) por solicitar dinero a cambio de entorpecer la investigación contra un ministro, Dolor Ernesta. Una condena ejemplar, que daba visibilidad a una política de Estado de tolerancia cero contra la corrupción.

En el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas del año 2020, Seychelles ocupa el segundo lugar de los países africanos, detrás de Mauricio, si bien a nivel mundial está situado en el 67º puesto de 189. Los progresos han sido notables en salud, con un incremento de la esperanza de vida de 2,6 años desde 1990. En el mismo periodo, la renta per cápita aumentó el 88,5% y la escolarización en 2,6 años.

El avance en los parámetros sociales podría verse comprometido por los efectos de la pandemia en el turismo, la principal fuente de ingresos y de lugares de trabajo, que aporta el 30% del PIB. En su informe, el Banco Mundial estima que en el 2020 la economía se contraerá el 15,9%, a causa de la reducción del 50% en la entrada de turistas. Si se reanudan los viajes internacionales, el PIB crecerá el 4,7% en el 2021. A mediados de febrero del 2021, el covid-19 había infectado a 1.910 personas y causado la muerte de otras ocho.

Antoni Castel es investigador del Grup d’Estudis de les Societats Africanes (GESA), de la Universitat de Barcelona.