Por Irene Pujol Chica. “Una liberación”, un cambio esperado por mucho tiempo, una oportunidad de ser escuchados. Así es como percibieron muchos malienses el golpe de estado que acabo con el régimen del presidente Ibrahim Boubacar Keita (IBK) el pasado 18 de agosto. La visible celebración del golpe por las calles de Bamako contrastó con la reacción inmediata de condena por parte de la comunidad internacional, y refleja en su conjunto el distanciamiento creado entre el pueblo maliense y aquellos a cargo de la toma de decisiones.

Pese a un número significativo de diálogos y consultas organizados con el fin de abordar de manera inclusiva la crisis a la que se enfrenta el país desde hace varios años – incluyendo un Dialogo Nacional Inclusivo (DNI) clausurado en diciembre y varios esfuerzos de mediación ante las protestas de julio por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEA) – la sociedad civil maliense se sentía crecientemente frustrada al comprobar como la mayoría de las demandas que expresaban eran repetidamente ignoradas. Sin embargo, el pueblo maliense no pierde la esperanza y está aprovechando el espacio de oportunidad generado por la nueva transición para debatir acerca del futuro que quieren con la esperanza de que ésta vez sí se les escuche. Ya es hora pues de prestarles atención.

Pero…¿en qué se basaban estas demandas? ¿Siguen siendo las mismas en el momento actual de transición en el que se encuentra el país? ¿Cuáles son las prioridades a abordar según los malienses? Antes de contestar estas preguntas hay que tener en cuenta que la crisis a la que se enfrenta el país es multidimensional y que la sociedad civil maliense es muy heterogénea, por lo que las demandas y prioridades varían según la situación de cada grupo.

Para empezar, el Movimiento 5 de Junio – Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RPF), movimiento popular que organizó las protestas y actos de desobediencia civil que facilitaron el golpe, tiene una orientación claramente política. Creado por varias asociaciones civiles y partidos de la oposición tras unas controvertidas elecciones legislativas en abril, el M5-RPF  exigía principalmente reformas políticas y económicas y la dimisión del presidente IBK y su gobierno, al que acusaba de corrupción e inacción frente a la violencia yihadista e intercomunal. Actualmente parte del M5-RPF, dividido en su seno esperaba ser protagonista de la actual transición y no está contento con el gobierno de transición instaurado por la junta militar pues, tal y como comenta el investigador Boubacar Haidara, pese a haber preparado el terreno para el golpe de Estado, el M5-RPF “no ha recolectado sus frutos”.

Por otra parte, cabe notar como las prioridades políticas de movimientos como el M5-RPF, procedentes del contexto urbano de la capital, pueden contrastar con el mayor énfasis en la seguridad, en el sentido amplio de la palabra, de los habitantes de zonas rurales. Seguridad de no ser atacados en sus casas o cuando viajan por carretera, seguridad alimentaria y  seguridad para poder ir a la escuela. Fatima Maïga de la Coalición de Mujeres Líderes, explica como es precisamente esta necesidad de seguridad lo que hace que habitantes de zonas rurales, y en particular las mujeres, pidan una transición militar: ven en la presencia de los militares, percibidos como “aliados” pese a algunas ejecuciones extrajudiciales, una garantía de que podrán ir a comprar pan en relativa seguridad.

Mujeres como Maïga tienen además como prioridad para esta transición que esta vez sí que se las tenga en cuenta. Desde el inicio de la crisis en 2012 han demostrado su voluntad y capacidad de contribuir al proceso de resolución de la crisis. Sus contribuciones son esenciales, pues debido a la organización tradicional de la sociedad y los roles de género, tienen un conocimiento directo de las necesidades de sus comunidades y una gran influencia sobre sus hijos y maridos. No obstante  apenas se encuentran representadas en la mayoría de órganos y procesos formales de toma de decisiones. Ahora piden que se respete la cuota del 30% para puestos nominativos y electivos establecidos por ley – lo cual, de momento no se ha hecho.

Por último, como comentaba mi compañera Viviane en una publicación anterior, es importante incluir y escuchar a los jóvenes en el proceso de transición. Sus prioridades están claras – educación  y empleo, y su potencial como motor de desarrollo es algo conocido por todos, tal y como defiende Malick Camara. Sin embargo, debido a una alta estratificación de la sociedad, donde la edad es uno de los factores que determina el nivel de poder y voz que tienes, los jóvenes son marginados en los procesos de toma de decisiones y en la elaboración de políticas económicas y sociales. Ello pese a que los menores de 25 años constituyan el 66,9% de la población maliense (ONU, 2020) y sean los primeros en unirse a grupos armados por todo el territorio. ¿Qué otra cosa hacer cuando no tienes esperanzas de progreso social, no encuentras empleo y necesitas sobrevivir y alimentar a los tuyos?

Durante la última década, el gobierno de Malí y la comunidad internacional han focalizado sus esfuerzos en combatir el terrorismo y el crimen organizado desde una perspectiva regional y principalmente militar, sin prestar demasiada atención a las causas locales del incremento de la violencia. A día de hoy, a la pregunta de cuáles son las prioridades a abordar para resolver la crisis; temas como la lucha contra la impunidad o la crisis de educación aparecen con igual o incluso mayor frecuencia que el problema de la inseguridad en las respuestas de muchos encuestados, independientemente del grupo al que pertenezcan. Muchos de ellos coinciden en que la realización efectiva de reformas estructurales de gobernanza es prioritaria a la celebración temprana de elecciones que se exige desde fuera. Además, han dejado claro en redes, debates y entrevistas que ya no se conforman con palabras huecas, quieren resultados

Finalmente, de los párrafos anteriores se percibe que para la mayoría de grupos de la sociedad maliense es vital que el actual proceso de transición sea verdaderamente inclusivo, de manera que sus propuestas para afrontar la crisis se vean reflejadas en las políticas llevadas a cabo. Dicha inclusión se hace vital si tenemos en cuenta la gran cantidad de estudios que apuntan a la sensación de marginación por parte del gobierno y programas de desarrollo como factor determinante tanto para el levantamiento Tuareg en el Norte de Malí en 2012 como para el reciente incremento de la violencia perpetrada por grupos Fulani en el centro del país. Por tanto, si el nuevo gobierno de transición quiere evitar caer en la misma piedra de los que le precedieron, más le vale escuchar a todo su pueblo. Aunque tanto el M5-RPF como las mujeres y los jóvenes sientan que no se les ha incluido lo suficiente en las discusiones y decisiones tomadas durante estos dos últimos meses, todavía hay tiempo para que esto no sea así.

 Irene Pujol Chica es  consultora sobre Mali para The Carter Center.