Por Felwine Sarr. En los últimos años, hemos vivido una serie de desposesiones democráticas y debemos parar este ciclo. Se trata de no dejarnos desposeer de la capacidad de configurar nuestro destino colectivo.

La eliminación de opositores políticos de la carrera hacia las elecciones presidenciales es una constante de la escena política de África occidental. Los medios son, por desgracia, bien conocidos: malversación de dinero público o fraude fiscal, la puesta en duda de la nacionalidad del candidato, exilios, destierros, encarcelamientos, órdenes de arresto internacionales e instrumentalización de la justicia y del parlamento. La panoplia es vasta y la imaginación de nuestros gobernantes en este ámbito es fértil.

En nuestras latitudes, cuando se accede al poder, se conserva. Se revisa la constitución para permanecer durante más mandatos de lo previsto; en su defecto, no se respeta, se deforma su interpretación con la ayuda de juristas venales o de consejeros constitucionales a la orden. Se enfeuda a los contrapoderes. De la democracia, solo se retienen las formas institucionales y se apresuran a evacuar el sentido y la esencia. Se compran, cuando se puede, ciertos órganos de prensa para acallar la libre expresión; se obstaculiza el derecho de los ciudadanos a la manifestación que está, no obstante, garantizado por la constitución; se restringe el espacio público y las libertades individuales y se intimida a las voces disonantes. Tras las elecciones formales, escrutadas por observadores nacionales y sobre todo internacionales (cuando se les admite), se busca el visto bueno de la comunidad internacional sobre la validez y la transparencia del proceso. Una vez que se tiene carta blanca en el bolsillo, se vuelve a hacer padecer hambre a la población, a mantener a sus simpatizantes políticos, a disfrutar del poder y sus desmesuras, a traicionar el contrato social del bienestar compartido, igualdad de oportunidades y justicia social en nombre del que ha sido elegido. Salvo algunas excepciones, solo se cae en el juego de la competición electoral cuando se ha garantizado la maquinaria electoral o que los adversarios más serios han sido eliminados del juego. El adagio es conocido bajo nuestros cielos: cuando se tiene el poder, no se organizan elecciones para perderlas, a menos que se haya asegurado una sucesión que absuelva de la rendición de cuentas necesaria de la acción pública cuando se vuelva a ser un ciudadano normal.

Todos hemos sido testigos del acontecimiento. Un tema privado que enfrenta a un líder político de la oposición con una ciudadana senegalesa cuyo teatro fue la intimidad de un salón de masaje, convertido en un asunto de Estado. Se acusa a Ousmane Sonko, líder del Pastef, de violación de la ciudadana Adji Sarr. Este asunto hubiera podido (debido) dirimirse ante los tribunales competentes en el tiempo normal de la justicia senegalesa, respetando los derechos de ambas partes, con una serenidad que nos hubiera alejado de toda sospecha de maquinación y de no imparcialidad. En lugar de eso, el domicilio del líder del Pastef fue asediado desde los primeros días del caso por las fuerzas del orden. Esto ha conferido de inmediato al asunto un carácter político. Se han apresurado a poner en marcha contra él un aparato judicial con una celeridad que no se conocía en nuestra justicia, deformando de paso algunas normas jurídicas. El acusado Ousmane Sonko ha visto, en una decena de días, su inmunidad parlamentaria levantada. Pese a que las actas de las audiencias de los agentes de policía, que se han filtrado, generan en toda persona sensata e imparcial una seria duda sobre la calificación de los hechos, el fiscal de la república, responsable de las actuaciones judiciales, decidió poner en marcha la maza judicial, ya que de eso se trata en lo que respecta a opositores al régimen vigente que se toman en serio las pretensiones al trono. El caso Khalifa Sall está ahí para edificarnos. La extrema imparcialidad de que ha sido objeto nos ha dejado un sabor amargo, pero sobre todo ha encendido en nuestros cerebros una alerta que ha empezado a sonar cuando hemos visto esbozarse el mismo escenario. Un extraño y persistente sentimiento de déjà vu nos ha habitado. Recordemos simplemente que el acusado Ousmane Sonko obtuvo en una primera participación en las elecciones presidenciales de 2019 más del 15 % de los votos de los senegaleses, lo que le convierte, en ausencia de una izquierda senegalesa y de una verdadera alternativa política, en un candidato serio para los próximos comicios electorales. Se trata de analizar lo que el acontecimiento nos revela y la verdad de la que es portador en lo que respecta a la naturaleza de nuestra vida política nacional. El cariz que toma este caso es la expresión de una crisis profunda de nuestra democracia que, además, se vanagloria de ser ejemplar, comparándose siempre con las menos exitosas del continente.

Desde Wade, el debilitamiento y la corrosión de los derechos adquiridos de la democracia senegalesa es una suave pendiente por la que caminamos. Si no hubiera sido por el movimiento del 23 de junio de 2011 y el del 25 de marzo de 2012, en particular el bloqueo de los senegaleses y senegalesas a su intento de establecer una fórmula presidencial que solo requería el 25 % de los votos para ser elegido y pretender un tercer mandato anticonstitucional, no habríamos llegado a la situación en la que nos encontramos ahora. Nos esperaba una transmisión monárquica del poder. El M23, Y en a Marre, Dévoir de résistance, la oposición, la sociedad civil, los sindicatos, los ciudadanos y las ciudadanas senegalesas nos han preservado de ello.

Los ideales por los que luchamos en 2012 –el fortalecimiento de nuestra democracia a través de reformas institucionales adecuadas, el equilibrio de poderes, la justicia social, la rendición de cuentas, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la eliminación de la corrupción– se han ido erosionando continuamente desde entonces. Hemos visto personajes emblemáticos del régimen de Wade contra el que nos manifestamos en 2012 trashumar hacia la mayoría presidencial, algunos de ellos renegando urbi et orbi sus compromisos precedentes; individuos sospechosos de malversación de fondos públicos, algunos de ellos puestos de manifiesto mediante los informes de los organismos de control del Estado, hallar indulto junto al Príncipe. La delicuescencia moral de la vida política ha llevado a la mayoría de los ciudadanos de este país a considerar la política como el lugar por excelencia de expresión de cinismos y del afrontamiento de oportunidades, cuando debería ser el espacio donde la comunidad configura su destino y trabaja por alcanzar las más altas aspiraciones. Esto se debe también en parte a que hemos abandonado este lugar, considerando que su ambiente es irrespirable. ¿Qué hemos visto en las últimas semanas? Los activistas que ejercen su derecho a la protesta han sido detenidos y encarcelados, una guerra a los partidarios del Pastef, ciudadanos que manifiestan su apoyo a su líder han sido detenidos por la policía, periodistas que han sido obstaculizados en el ejercicio de su profesión. Además, en los últimos años se ha ido dejando claro: varios opositores han pasado por la cárcel, la encarcelación recurrente de activistas que ejercen su libertad de crítica (Guy Marius Sagna se ha convertido en el emblema. Actualmente, está recluido en régimen de aislamiento en Cap Manuel, en condiciones indignas); una senegalesa, Oulèye Mané, que hizo circular por WhatsApp una caricatura del jefe de Estado, y Saer Kébé, un joven estudiante de secundaria de 16 años que hizo comentarios contra Charlie en las redes sociales, también han acabado en la cárcel. Senegal es, sin embargo, el país de una libertad de expresión ganada a pulso. Sentimos que liy raam ci nag ba la jëm[1].

De la multitud de hechos que se podrían recopilar hasta el infinito, se trata no obstante de pasar al paradigma. En estos últimos años hemos vivido una serie de desposesiones democráticas y debemos detener este ciclo. La democracia, más que una forma de Estado, es una figura real de la vida política. Nos obliga a defender lo que mantiene unida a la sociedad. Y uno de estos pilares es la justicia. En nuestro contexto, se trata tanto del ejercicio de poder y de las normas a las que se somete ese poder como de los objetivos que se propone. Un poder separado de la idea de justicia que nada equilibra, que ningún baluarte retiene, ebrio del monopolio del ejercicio de la fuerza pública, se expone a todo tipo de derivas. Y sabe Dios que son muchas las tareas que debe acometer para el bienestar de la población senegalesa vulnerable. ¿Hace falta recordar a quienes la ejercen que somos nosotros quienes se la hemos confiado por un tiempo, para que se pongan manos a la obra a fin de lograr las condiciones de nuestro bien común? El líder del Pastef fue arrestado por perturbación del orden público mientras se dirigía a su citación judicial y detenido en la unidad de investigación de la policía de Colobane.

El esfuerzo al que deberemos nuestra salvación se encuentra hoy del lado de la justicia. De ella depende el restablecimiento del Estado de derecho y juzgar los hechos a través de una instrucción imparcial. Debe resolver el contencioso de Ousmane Sonko y Adji Sarr mediante un litigio justo, fuera de todo programa político. Nuestra salvación está también en la vigilancia y el compromiso de los ciudadanos y ciudadanas para defender nuestra idea de lo que debe ser la comunidad. Se trata de que no nos dejemos desposeer de la capacidad de configurar nuestro destino colectivo. Más allá de la presente batalla por una democracia real y una justicia imparcial, debemos trabajar para construir una verdadera alternativa social y política, y así reconstruir la nación senegalesa.