Hace dos años, la sustitución de José Eduardo dos Santos en la presidencia de Angola por su ministro de Defensa João Lourenço se interpretaba como un cambio cosmético del poder, en manos del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA) desde la independencia. Más cuando Dos Santos, en la presidencia desde 1979, se mantenía al frente del partido, y dejaba a su hija Isabel al frente de la compañía estatal de petróleo Sonangol y a su hijo José Filomeno como presidente del Fondo Soberano de Angola.

Avalado por Dos Santos, que apostó por él en detrimento de su vicepresidente Manuel Vicente, Lourenço no tardó en decepcionar a su anfitrión. No lo hizo por el discurso contra la corrupción, que podía sonar como un mensaje vacío dirigido más a los socios comerciales y al FMI que a una población que ya lo había escuchado sin que se tomaran medidas, sino por cuestionar la honradez de su núcleo familiar, intocable durante decenios. En efecto, la destitución de Isabel y posteriormente de José Filomeno, que pasó unos meses en la cárcel, desató el enfado del ya ex presidente, aislado en su residencia y ausente del país durante largos periodos, en parte pasados en Barcelona.

En un régimen hermético, una herencia del partido único forjado en la lucha contra el colonialismo portugués, es difícil calibrar lo que ocurre en el reducido círculo del poder. En su momento, Dos Santos fue elegido sustituto del fallecido presidente Agostinho Neto, en una decisión que sorprendía a los observadores, interpretada después como una solución de consenso entre las tendencias del MPLA. Ocurrió lo mismo en la sucesión de Dos Santos, en la que se situaba como mejor colocado a Manuel Vicente, un tecnócrata bien visto por las capitales occidentales. En la recta final, parecía descartado José Filomeno, al que su padre promocionaba al frente del Fondo Soberano, por las reticencias, en este caso públicas, de un sector del MPLA.

Se supone, por tanto, que Lourenço contaba con el apoyo necesario en el MPLA y entre los generales, un poder dentro del poder, para señalar a la familia Dos Santos y emprender una campaña en contra de la corrupción. Esta vez, no serían palabras vacías sino medidas, entre las que destaca la creación del Servicio Nacional para la Recuperación de Activos (SNRA), cuyo objetivo es buscar los bienes obtenidos ilícitamente, y el proceso de quienes no devuelvan los bienes.

Aunque no se ha recuperado ni la mínima parte de lo saqueado, sí que se ha interiorizado entre los altos cargos el mensaje de que ha terminado una etapa, y que a partir de ahora se pueden pedir explicaciones por la gestión económica. A la llamada de Lourenço, que ofrecía una amnistía a quien a devolviera el dinero robado, y del SNRA, han acudido colaboradores cercanos a Dos Santos, como, entre otros, su ministro de Finanzas y poderoso gobernador del Banco Nacional de Angola, Pedro de Morais Júnior, quien devolvió 60 millones de dólares, 10 más de lo que le reclamaba el SNRA. Ana Paula dos Santos, la ex mujer de Dos Santos que exhibía sin pudor sus lujos cuando era primera dama, tuvo que devolver 15 millones de dólares.

La lucha contra la corrupción como uno de los ejes centrales de un presidente que animó a Rafael Marques a seguir con sus investigaciones. Marques, que pasó seis meses en la cárcel por sacar a la luz las corruptelas de la familia Dos Santos, es el impulsor del blog de periodismo de denuncia Maka Angola. Pero no es el único eje, aunque sea el más mediático. Lourenço se ha empeñado en diversificar una economía dependiente del petróleo, que aporta el 90% de los ingresos; sanear el vasto e ineficiente sector público con la entrada de capital privado, poner orden en Sonangol y el sector de los diamantes y modernizar la administración. Un empeño que tiene que llevar a cabo en un momento de estancamiento económico –el FMI estima un crecimiento del 0,5% en el 2019–; tormenta monetaria, con la devaluación del kwacha; y un descenso de la producción de petróleo, que se sitúa en 1,4 millones de barriles diarios, lejos del pico de hace unos años, de 1,9 millones.

Dos años después, el crédito de Lourenço, con una imagen más cercana y austera que Dos Santos, no ha mermado a pesar del aumento del coste de la vida  –la inflación internanual alcanza el 21%– y la divulgación de escándalos por parte de unos medios de comunicación menos amordazados que antaño. Uno de los escándalos, la concesión de la cuarta licencia de telefonía móvil a la empresa Telstar, propiedad de un general sin experiencia en el sector, fue subsanado por el propio Lourenço, que anuló la licencia. Otro, la opacidad del consorcio GEFI, que controla las inversiones del MPLA en decenas de empresas, entre las que destaca el 1% de Sonangol. Un consorcio que permite, sin rendir cuentas, mantener la maquinaria burocrática del partido.

Antoni Castel es doctor en Ciencias de la Comunicación y licenciado en Historia. Miembro del Grup d’Estudis de les Societats Africanes (GESA) de la Universitat de Barcelona.