El ingrediente crítico en la lucha para acabar con los flujos financieros ilícitos es la voluntad política de los gobiernos y no solamente la capacidad técnica. Thabo Mbeki, expresidente de Sudáfrica y presidente del GAN sobre Flujos Financieros Ilícitos de África.

Hablar de flujos financieros ilícitos cuando la información no está estadísticamente comprobada no resulta fácil. Su naturaleza secreta dificulta la obtención de dicha información y mucha de ella está basada en estimaciones, además de la existente falta de capacidad por parte de instituciones estadísticas africanas, así como una nebulosa gobernanza de las responsabilidades en materia de estadísticas.

Cada año, enormes sumas de capital se transfieren ilegalmente fuera de los países en desarrollo. Estos flujos financieros ilícitos privan dichos países de los recursos que podrían utilizarse para financiar servicios públicos esenciales, ya sea seguridad, justicia o servicios sociales básicos como la salud y la educación, lo que resulta en un debilitamiento de sus sistemas financieros y su potencial económico.

Los flujos financieros ilícitos (FFI) se cobran un alto precio en el desarrollo, tanto de los ricos como de los pobres, pero en África los más pobres son los que pagan el precio más alto. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en un informe publicado en septiembre de 2020, se calcula que África pierde 88 600 millones de dólares anuales por la fuga de capitales ilícitos, lo que equivale al 3,7 % del producto interior bruto del continente.

Cuando 1 dólar ingresa en África, 2 dólares se van

Hay tres formas de dinero no registrado que se mueve a través de las fronteras:

• Corrupto: Ingresos de soborno y robo por parte de funcionarios del Gobierno.
• Criminal: Ingresos del tráfico de drogas, tráfico de personas, falsificación, contrabando e innumerables formas de actividades adicionales.
• Comercial: Ingresos derivados de operaciones de importación y exportación realizadas con el fin de manipular derechos de aduana, impuestos sobre el IVA, impuestos sobre la renta, impuestos especiales u otras fuentes de ingresos públicos.

Existe una triste paradoja: mientras que en 2018 África recibió $ 29.7 mil millones en asistencia oficial para el desarrollo (AOD), perdió simultáneamente más de $ 50 mil millones en flujos financieros ilícitos (FFI). De hecho, según el último informe provisional del GAN (Grupo de Alto Nivel)[1], la cantidad promedio de FFI que anualmente pierde África es de entre 50 y 148 mil millones de dólares (CEA, 2013). Varias estimaciones, incluida la titulada « Financiar la agenda de desarrollo para África después de 2015 », muestran que entre 1970 y 2008 los flujos financieros ilícitos hicieron que África perdiera entre 854 y 1800 millones de dólares, mientras que en este mismo período el continente recibió $ 1070 mil millones en asistencia oficial para el desarrollo (OCDE, 2012a)

Sin esta hemorragia, África podría en teoría prescindir de la AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo), del peso que supone su deuda externa y poder operar la transformación estructural que tanto necesita.

Aunque es difícil evaluar con precisión la cantidad de flujos financieros ilícitos, debido a su naturaleza secreta, todas las estimaciones muestran que África ha sido un acreedor neto para el resto del mundo, no un deudor, debido a las salidas masivas de capital ilícito del continente.

Un aspecto relevante que hay que considerar es que esos FFI precisamente tienen como destinos a sus principales socios comerciales económicos y que, además, son sus acreedores (y me estoy refiriendo a Estados Unidos, Canadá, Japón, República de Corea, Francia, Alemania, España, etc.) y economías emergentes (principalmente, China e India). Por ejemplo, en 2008, más del 75 % de las FFI del sector petrolero nigeriano terminaron en solo cinco (5) países: Estados Unidos, España, Francia, Japón y Alemania.

Cada dólar que sale de un país debe terminar en otro. Muy a menudo, esto significa que las salidas financieras ilícitas de los países en desarrollo terminan en última instancia en bancos de países desarrollados como los Estados Unidos y el Reino Unido, así como en paraísos fiscales como Suiza, las Islas Vírgenes Británicas o Singapur.

Esto no ocurre por accidente. Muchos países y sus instituciones facilitan activamente –y obtienen enormes beneficios– el robo de enormes cantidades de dinero de los países en desarrollo. Los países desarrollados tienen la responsabilidad, junto con los países en desarrollo, de reducir el flujo de dinero ilícito.

https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/02/Illicit-financial-flows-in-Africa.pdf

Los cuatro principales emisores de flujos ilícitos (Sudáfrica, la República Democrática del Congo, Etiopía y Nigeria) emiten más del 50 por ciento de los flujos financieros ilícitos totales de África. Entre los destacados de los diez emisores de flujos ilícitos en África, nueve países atribuyen una porción significativa a las exportaciones totales de recursos naturales, como es el caso de productos mineros en Sudáfrica, la República Democrática del Congo, Botsuana y Zambia y petróleo y gas en Nigeria, la República del Congo, Angola, Sudán y Camerún. Dichos recursos naturales brindan a los países oportunidades para expandir el volumen del comercio total, que está en muchos casos correlacionado con el volumen de flujos financieros ilícitos. Los estudios también sugieren que las industrias extractivas son particularmente propensas a flujos financieros ilícitos (UNCTAD, 2016).

La gobernanza está en el centro de las respuestas a los desafíos de desarrollo del continente. A pesar del progreso constante realizado en la última década en África, los problemas de gobernanza, incluida la falta de transparencia y responsabilidad, siguen siendo preocupaciones serias que obstaculizan el progreso social, económico y político a diferentes niveles. Los flujos financieros ilícitos (FFI) y la corrupción son graves consecuencias de estos déficits de gobernanza. Incluso si el fenómeno no es específico de África, está claro que es en el continente donde tienen lugar los impactos más negativos debido al pequeño tamaño de sus economías y la fragilidad de sus economías y sus sistemas financieros.

Para el jefe de NEPAD, la lucha contra los flujos financieros ilícitos es parte de un contexto de financiación urgente para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Los flujos financieros ilícitos tienen consecuencias directas en el desarrollo y el bienestar de las poblaciones. « Alimentan el crimen organizado, o provienen del crimen organizado, y pueden alimentar el terrorismo », dijo Mayaki. “Están desviando recursos que deberían pasar de las necesidades sociales a la corrupción. Esto tiene un gran impacto en las políticas de reducción de la pobreza”, agregó. La erradicación de la pobreza es el primero de los 17 ODS que los estados se han comprometido a lograr para 2030.

Hemos mencionado la corrupción como una de las características de los flujos ilícitos y uno de los males de determinados Gobiernos. Según Transparency International, los países más corruptos de África son Somalia (9), Sudán del Sur (12), Sudán (16), Guinea Ecuatorial (16) y Guinea Bissau (18). A continuación, tenemos a Libia (18), República Democrática del Congo (18), Burundi (20), Chad y Eritrea (23).

Nueva Zelanda aparece como el país menos corrupto (más transparente) del mundo, mientras que la mayor economía de África, Nigeria, ocupa el puesto 146 de la clasificación con una puntuación de 26. Con una puntuación regional media de 32 puntos, la más baja del IPC[2], el desempeño de África subsahariana es un reflejo de la inacción contra la corrupción.

“La frustración por la corrupción gubernamental y la falta de confianza en las instituciones refleja la necesidad de una mayor integridad política” dice Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparency Intenational”. Los Gobiernos deben afrontar urgentemente el rol corruptor de los grandes capitales en la financiación de los partidos políticos y la influencia indebida que se ejerce en nuestros sistemas políticos”.

https://www.transparency.org/en/press/2019-CPI-efforts-stagnate-in-G7[3]

África es, además, la región del mundo que tiene la carga tributaria más baja.

La fiscalidad esencial para el desarrollo permite a los Gobiernos disponer de los fondos necesarios para financiar las infraestructuras, que son el fundamento del desarrollo económico y del crecimiento. El continente africano necesita aproximadamente, según estudios estadísticos del Banco Mundial y otros organismos multilaterales, unos 130 mil millones de USD$ por año. Su déficit de financiación se estima entre el 11 % y 13 % del PIB anual si se pretende llegar a los objetivos del desarrollo de la agenda 2063[4]. Para lograr pues una financiación del desarrollo durable haría falta entre el 20 % y 24 % de presión fiscal.

En los países africanos, los ingresos fiscales representan solo alrededor del 18 % del PIB, mientras que la relación impuesta / PIB promedio es del 34 % en los países miembros de la OCDE. Una de las razones de esto es la débil capacidad de algunas administraciones tributarias africanas para aplicar las leyes fiscales y combatir los flujos financieros ilícitos (FFI). África subsahariana tiene, entre todas las regiones del mundo, una de las tasas más altas de FFI. La cantidad perdida anualmente por África debido a los FFI, en gran parte debido a la evasión fiscal, se estimó en más de $ 50 mil millones en 2015. El expresidente sudafricano Thabo MBEKI dijo en la reunión interministerial del Grupo de Alto Nivel de la Unión Africana (HLG) sobre los FFI en Abuja, en octubre de 2018, que la pérdida había alcanzado alrededor de USD 80 mil millones en ese momento. En el documento final de la Tercera Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo celebrada en Adís Abeba del 13 al 16 de julio de 2015, los jefes de Estado y de Gobierno y altos funcionarios se comprometieron a « no escatimar esfuerzos para reducir de manera apreciable los flujos financieros ilícitos para 2030 con miras a eliminarlos por completo, en particular combatiendo el fraude fiscal y la corrupción, fortaleciendo las regulaciones nacionales e intensificando la cooperación internacional”.

https://fsi.taxjustice.net/es/introducing-the-fsi-es/introducing-the-fsi-es

Métodos pertenecientes a la familia de los FFI. El ejemplo de la facturación fraudulenta en el comercio internacional. Métodos de prevención.

Al sobrefacturar las importaciones y subfacturar las exportaciones, las empresas e individuos pueden evadir impuestos y evitar los controles de capital a través del comercio internacional.

La facturación fraudulenta ocurre cuando importadores y exportadores de manera coordinada y deliberada adulteran los precios en las facturas de los bienes que comercian como herramienta para trasladar valores de manera ilícita a través de fronteras internacionales, evadir impuestos o aranceles aduaneros, lavar dinero procedente de actividades criminales, evadir controles cambiarios y esconder ganancias de capital en el extranjero (offshore).

Al manipular fraudulentamente el precio, la cantidad o la calidad de un bien o servicio en una factura enviada a la aduana, los delincuentes pueden cambiar fácil y rápidamente sumas sustanciales de dinero a través de las fronteras internacionales.

La facturación comercial fraudulenta es el acto de la manipulación deliberada del valor de una transacción comercial falsificando, entre otros, el precio, la cantidad, la calidad o el país de origen de un bien o servicio por al menos una de las partes en la transacción.

Este tipo de facturación es un método muy bien implantado para llevar a cabo la realización de flujos financieros ilícitos dentro del sistema internacional de comercio, así como evadir o manipular los regímenes aduaneros de control.

En general, hay cuatro razones principales para facturar fraudulentamente en las operaciones de comercio exterior:

– Lavado de dinero. Los delincuentes o los funcionarios públicos pueden tratar de lavar el producto del delito o de la corrupción.

– Evasión directa de impuestos y derechos de aduana. Al no declarar el valor de las mercancías, los importadores pueden evadir inmediatamente importantes derechos de aduana u otros impuestos.

– Reclamación de incentivos fiscales. Muchos países ofrecen generosos incentivos fiscales a los exportadores nacionales que venden sus bienes y servicios en el extranjero. Los delincuentes pueden tratar de abusar de esos incentivos fiscales sobrefacturando en exceso sus exportaciones.

– Esquivar los controles de capital. Muchos países en desarrollo tienen restricciones en cuanto a la cantidad de capital que una persona o empresa puede aportar o sacar de sus economías. Los inversionistas que intentan quebrantar estos controles de capital suelen facturar erróneamente las transacciones comerciales como una alternativa ilegal a la entrada o salida de dinero en el país.

En su momento, algunos Gobiernos a través de sus bancos centrales y Ministerios de Finanzas contrataron la supervisión de su comercio exterior a empresas de inspección (surveyors) para que llevasen a cabo inspecciones de preembarque (PSI: Preshipment inspection services) en los puertos de origen con el mandato de controlar la calidad, la cantidad y el precio de las mercancías embarcadas con el propósito de evitar la sobrefacturación, la subfacturación y la evasión de tasas fiscales (aranceles) en las distintas aduanas. Gobiernos de todo el mundo emplean los servicios de las empresas de inspección previa a la expedición (PSI). Estas empresas son contratadas para examinar e informar sobre la cantidad, la calidad y los precios unitarios de las mercancías de exportación antes de su envío. Los contratos varían en cuanto a la cobertura de los productos, pero en general tienen por objeto controlar, o ayudar a controlar, las siguientes prácticas relacionadas con el comercio: i) sobrefacturación de importaciones; ii) subfacturación de importaciones; iii) la clasificación errónea de las importaciones; iv) la infrautilización de los impuestos adeudados por las importaciones, y v) la malversación de los fondos de los donantes destinados a la ayuda a la importación.

Lamentablemente, hoy estos contratos están cayendo en desuso, aunque aún quedan vigentes algunos en África e Iberoamérica. Ahora se tiende más bien hacia la mera verificación de la conformidad (VOC). Hoy es prioritario para los Gobiernos apoyar el comercio internacional a la vez que proteger la salud del consumidor, la seguridad y el medio ambiente. La mayoría de las organizaciones nacionales regulares, que actúan dentro de un marco legislativo, abogan por la intervención de terceras empresas independientes como una manera de mantener pleno control sobre las mercancías que entran en el mercado nacional.

Según determinados informes[5], Etiopía pierde cada año 1970 millones de dólares por subfacturación comercial y otros 630 millones de dólares anuales por flujos financieros ilícitos. Estas pérdidas representan entre el 5 % y el 10 % del PIB del país.

Uganda, Tanzania y la República Democrática del Congo pierden anualmente unos 720 millones de dólares, 480 millones de dólares y 225 millones de dólares por flujos ilícitos. En África, Sudáfrica ocupa el primer puesto con 20 900 millones de dólares perdidos anualmente por flujos ilícitos, seguida de Nigeria con 17 800 millones, Marruecos con 4100 millones, Egipto con 3900 millones, Zambia con 2800 millones y Costa de Marfil con 2300 millones.

Conclusión

Los países desarrollados y en desarrollo comparten la responsabilidad de los FFI, ya que esta cuestión está en el centro del multilateralismo. Independientemente de su magnitud, estos flujos son un gran obstáculo para el desarrollo económico de África y deben ser combatidos. El alto nivel de FFI, evidenciado por los volúmenes de facturación falsa y fuga de capitales, indica que una proporción importante de las transacciones comerciales internacionales no benefician a los numerosos países africanos implicados, que sufren de importantes pérdidas de capital y de divisas.

El multilateralismo juega un papel fundamental en la atenuación de las consecuencias nefastas de los FFI animando a los países africanos a participar en la gobernanza mundial. África saldría más reforzada y tendría una mayor capacidad de lucha contra la actual pandemia mundial del covid y de otros problemas que pueden aparecer en el horizonte.

Referencias bibliográficas

• GLOBAL FINANCIAL INTEGRITY (2012), Illicit Financial Flows from Developing Countries 2001-2010, Dev Kar and Sarah Freitas, Global Financial Integrity, Washington, DC, disponible à: www.gfintegrity.org/content/blogsection/11/75
• Accélérer le Programme d’Action de Lutte contre les FFI dans les Pays Africains Global Financial Integrity TrustAfrica Tax Justice Network-Africa (TJN-A) Pan African Lawyers’ Union (PALU) Centre Régional Africain pour le Développement Endogène et Communautaire (CRADEC) Civil Society Legislative Center (CISLAC) Janvier 2017
• Transparency International Secretariado Internacional Alt-Moabit 96, 10559 Berlín, Alemania
• Bureau veritas,SGS,Intertec
• ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN 2019 Transparency international
• El Índice de Secreto Financiero (FSI) clasifica a las jurisdicciones de acuerdo a su secreto financiero y la dimensión de su actividad financiera offshore. Un ranking políticamente neutral para entender el secreto financiero global, los paraísos fiscales o jurisdicciones del secreto, y los flujos financieros ilícitos o la fuga de capitales.
• The Data Revolution and Statistical Challenges in Africa: Introduction to the Special Report Florent Bédécarrats, Jean-Pierre Cling, François Roubaud In Afrique contemporaine Volume 258, Issue 2, 2016.

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[1] La constitución del Grupo de Alto Nivel (GAN) sobre Flujos Financieros Ilícitos de África en 2011. La IV Conferencia Conjunta de ministros africanos de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico de la Comisión de la Unión Africana/Comisión Económica para África de las Naciones Unidas (CUA/CEPA) encargó a la CEPA la constitución del Grupo de Alto Nivel (GAN) sobre Flujos Financieros Ilícitos de África. El GAN se creó bajo la presidencia de Thabo Mbeki, expresidente de Sudáfrica, y estuvo integrado por representantes de la CEPA, de la sociedad civil, de académicos, del sector privado y de agencias internacionales de desarrollo.

[2] Índice de percepción de la corrupción

[3] Transparency International es un movimiento global con una visión: un mundo libre de corrupción en los Gobiernos, las empresas, la sociedad civil y la vida cotidiana de los ciudadanos. A través de sus más de 100 capítulos en todo el mundo y su Secretariado Internacional, en Berlín, la organización lidera el movimiento anticorrupción con el objetivo de hacer esta visión realidad.

[4] La Agenda 2063 es un concepto estratégico desarrollado por la Unión Africana para la transformación socioeconómica de África para el año 2063.

[5] https://news.africa-business.com/post/under-invoicing-a-major-concern-for-african-countries

Rafael Gómez-Jordana Moya, investigador y profesional en el ámbito de las relaciones institucionales y servicios financieros con experiencia consolidada internacional dentro y fuera de España, habiendo ejercido labores de dirección y representación en diferentes países en el sector financiero y en servicios de control e inspección de preembarque de mercancías para gobiernos en cumplimiento con los requisitos de la WTO (Organización Mundial de Comercio).