A pesar de la globalización y el cyberactivismo, la consecución de derechos no llega al clicar un « me gusta » o « me encanta » de las publicaciones en redes sociales. Se requiere para ello personas defensoras de los derechos humanos sensibilizadas, formadas y con tanta fuerza como ganas de vivir en libertad.

Por J. Alfredo Pazmiño Huapaya. Desde esta esquina del mundo, hablar de homosexualidad o transexualidad ha ido evolucionando con el paso de los años. Actualmente, tenemos un aprendizaje social bastante amplio de las diferentes formas de vivir nuestras diversidades y contamos, en muchos de los territorios, con leyes de protección y reconocimiento, como la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, la protección a las personas trans, la autodeterminación de género, el reconocimiento del nombre sentido o la condena a la mutilación genital intersexual, entre otras libertades y derechos. Pero esta situación de plenitud legal no se acerca, ni por asomo, a la multiplicidad de realidades africanas. Si bien es cierto que las historias de opresiones y luchas de los movimientos sociales no difieren entre el norte y el sur global, sí lo hacen en términos cronológicos. A pesar de la globalización y el cyberactivismo, la consecución de derechos no llega al clicar un « me gusta » o « me encanta » de las publicaciones en redes sociales. Se requiere para ello personas defensoras de los derechos humanos sensibilizadas, formadas y con tanta fuerza como ganas de vivir en libertad.

En el conjunto del Estado, las leyes arriba mencionadas fueron impulsadas por el activismo LGTBIQ+ español, siglas que son ampliamente reconocibles por nosotros, pero estas no tienen la misma entidad conceptual en África donde cuentan con otra forma de ser nombradas. En este artículo me centraré en dos estados africanos con los que mantenemos lazos históricos y económicos. Analizaremos las disidencias sexuales y de género con las tchindas de Cabo Verde y nos aproximaremos a la resiliencia y el coraje de Somos parte del mundo, de Guinea Ecuatorial, ambos estados africanos impactados por la pandemia de la covid-19 y demás calamidades que no afectan a Occidente y, por tanto, desconocemos.

Llegados a este punto es necesario definir al sujeto político que impulsa, defiende y lucha por los derechos humanos de las personas LGTBIQ+. Los denominados activistas son una especie en extinción, sobre todo, en Occidente. La definición más fiel a la realidad sería una especie de misionero al uso que, en lugar de llevar « la palabra », lleva derechos, empoderamiento y esperanza a aquellas personas que sienten que su disidencia es un problema y no una oportunidad. Estas personas, son las que plantan cara a la marginalización de un sistema que se resiste a integrar la diversidad como riqueza de un Estado. Activistas en mayúscula como Melibea Obono o Tchinda Andrade son dos mujeres africanas, lesbiana y trans respectivamente. Referentes para sus países en la defensa de estos derechos humanos que la dictadura de Obiang condena socialmente, y que el Estado de Cabo Verde no protege.

El archipiélago de Cabo Verde, de herencia colonial portuguesa, es uno de los territorios de África occidental donde la vivencia de la disidencia sexual y de género tiene una amplia aceptación social, que no legal. Las personas disidentes desde 1998 adoptan el nombre de tchindas, en alusión a Tchinda Andrade, la primera mujer trans caboverdiana que salió del armario en el señero carnaval de Mindelo. Desde entonces, la disidencia tiene un nombre propio no occidental en su entorno. Ser tchinda no significa directamente ser persona trans, ni homosexual, ni bisexual, lo es todo y no es nada a la vez « Tchinda es Tchinda y xao » (las tchindas son tchindas y ya).

La situación en Guinea Ecuatorial es ampliamente diferente. En la excolonia española, las personas activistas están conquistando aún un nombre propio y no han tenido mejor idea que la reapropiación de una obviedad, al menos para nosotros: « Somos parte del mundo ». Ese es el nombre del movimiento de la disidencia sexual y de género en la dictadura de Teodoro Obiang. Con esta afirmación salen al espacio público visibilizándose como personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, pero prefieren no usar el acrónimo LGTBIQ+ por ser un concepto occidental, ya que quien lo usa en África se convierte en un blanquito y eso representa al colonizador estigmatizándoles doblemente.

Ahora bien, los activismos de las disidencias sexuales y de género en todo el mundo tienen un inicio y devenir común, como ya hemos dicho anteriormente. Estos no difieren en extremo a los vividos en Occidente, ya que nacen de las opresiones de un sistema cisheteropatriarcal y el hartazgo, principalmente, de las mujeres trans que inician el movimiento de reivindicación de derechos. La diferencia que sí es tangible es el soporte económico personal que tienen las personas activistas para la defensa de los derechos humanos. Tener garantizadas tres comidas calientes al día, un lugar para dormir con dignidad y el dinero necesario para el transporte son, en muchos contextos africanos, un lujo que no tienen y, a pesar de ello, hay hombres, mujeres y personas no binarias al frente para defender ese oasis de igualdad y diversidad. En Cabo Verde existen tres organizaciones legalmente constituidas Associação Gay Caboverdiana contra a discriminação, Associação Arco-íris en Mindelo (São Vicente) y Associação LGTBI Praia (Santiago), mientras que en Guinea Ecuatorial solo existe una asociación « Somos parte del mundo » con sedes en Malabo y Bata que perviven gracias a esa resiliencia innata que cultivan las opresiones e injusticias.

No debemos olvidar que la covid-19 ha impactado en todo el mundo, pero, especialmente, se ha ensañado en las personas con menores recursos e infraestructuras sanitarias. Una economía de subsistencia y del día a día, que es la que caracteriza a las personas activistas disidentes sexuales y de género, ha frenado su evolución. Locutorios cerrados, sin dinero para conectarse a Internet, precarización y severa exclusión social ensombrecen los pequeños logros que conocemos desde estas orillas y que apoyamos, a partir de este artículo. Advertimos que el discurso de los derechos humanos de las personas disidentes sexuales y de género no puede quedar fuera de la reconstrucción de la sociedad poscovid-19, que la pandemia no sea una excusa. La urgente necesidad de apoyar a las personas defensoras de los derechos humanos redundará en una sociedad civil organizada y fuerte para negociar con sus Estados mejoras legislativas y de sensibilización que faciliten la vida de quienes merecen vivir en igualdad y diversidad.

Alfredo Pazmiño Huapaya es licenciado en Pedagogía en la PUCP (Lima). Tiene un máster en desarrollo regional, formación y empleo (ULL) y actualmente estudia Antropología Social y Cultural (ULL). Ha tenido formación en programas doctorales de Políticas, Curriculum y Diversidad en la Educación, además de formación complementaria en Cooperación Internacional y Derechos Humanos. Es activista LGTBIQ+ y experto en realidades LGTBIQ+, migraciones, diásporas, transculturalidad y VIH. Ha sido técnico de proyectos de diversidad en el ámbito canario, estatal y europeo. Además, ha trabajado en proyectos de cooperación internacional en Panamá, Cabo Verde, Guinea Ecuatorial, Túnez, Filipinas y Tailandia. Formó parte de la producción de festivales de cine: LesGaiCineMad, CinemaPride, CanBeGay y la Muestra de Cine LGTBI de Cabo Verde, así como en la postproducción de documentales de temática LGTBI interseccionales. Actualmente, es asesor en la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias.