Por Viviane Ogou. Las causas inmediatas del golpe de Estado en Mali han sido mayormente políticas. Sin embargo, la inestabilidad y los problemas estructurales juegan un papel relevante. En los últimos ocho años, la inseguridad ha ido creciendo a pesar de los esfuerzos nacionales e internacionales para contenerlo. El terrorismo yihadista, originalmente en la zona norte, se ha desplazado a las regiones centrales — en especial a aquellas fronterizas con Níger y Burkina Faso— y a algunos puntos del sur y del oeste. La violencia intercomunitaria también aumenta año tras año.

Las primeras aproximaciones al conflicto en el Azawad fueron mayormente securitarias. Tanto el gobierno transitorio como las potencias internacionales tenían interés en recuperar el norte. El primero, por una cuestión de soberanía nacional y control de recursos naturales; y los segundos para luchar contra el yihadismo. Alcanzado el alto al fuego, se entró en negociaciones que desembocarían en el Acuerdo de Argel. Estas fueron cuestionadas por dejar fuera a actores, por la presión internacional y por el hecho de que, parte de las mismas, fueron por medio de intermediarios. Se llegó a un arreglo cuyos puntos más importantes fueron la paz, la reintegración de la recién declarada República del Azawad en el Estado maliense a cambio de la descentralización, la integración de los combatientes capacitados en el ejército nacional y un proceso de paz civil. Sin embargo, la falta de una voluntad política verdadera por las partes ha dificultado la aplicación del acuerdo y mantenido las causas estructurales de la inestabilidad.

La corrupción es el centro de gran parte de las problemáticas de Mali. El Afrobarómetro de 2019 muestra cómo el 60% de los encuestados creían que la corrupción había aumentado en los últimos 12 meses. Esta no es en exclusiva gubernamental, sino que tanto las fuerzas de seguridad como las instituciones de justicia, las escuelas y los centros de salud, entre otros, se unen a la práctica. Algunos jóvenes, entrevistados en septiembre con motivo de la redacción de mi tesis de grado, lo indicaron como parte de la idiosincrasia del país. La desconfianza generalizada que genera ha motivado la desconexión de las estructuras estatales, ya de per se frágiles. El sistema de justicia y los instrumentos para el avance social o político no se entienden como fiables ni efectivos, no hay imperio de la ley. Esto lleva a algunas personas a la apatía; a otras, a vincularse con grupos armados terroristas o de “autodefensa” y a los últimos, a apoyar un golpe de Estado. Finalmente, las prácticas de extorsión facilitan los procesos de financiación económica de los grupos anteriormente mencionados.

El estado de desarrollo y la crisis humanitaria sirven como alimento de la inestabilidad. Aquellas personas, hombres jóvenes en su mayoría, que no encuentran oportunidades laborales o falta de seguridad – tanto humana como de defensa- son fácilmente captados por las organizaciones del crimen organizado, el terrorismo o se alistan a las comunidades de autodefensa. Según datos de la UN OCHA, hay 6,8 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria, entre estas, 1,46 millones son jóvenes. La economía está poco diversificada, y la localización a las puertas del Sahara no permite más que un sistema agrícola de subsistencia.

Múltiples actores internacionales se han implicado en la estabilización y el desarrollo del Sahel y Mali, pero los resultados están siendo escasos e ineficaces, como muestran el golpe de Estado y el aumento de las muertes por violencia. ¿Por qué? Por un lado, dichos actores han partido de visiones, medios y objetivos diferentes a la hora de intervenir. La falta de cooperación no ha permitido una acción coordinada y conjunta frente a los retos. Sin embargo, este aspecto se ha ido abordando con la creación de diferentes estructuras supranacionales como el Sahel G5, la MINUSMA o la Alianza por el Sahel. Así mismo, siguen presentes las disputas de las diferentes elites del país, base para el fallo de la descentralización. Finalmente, la desconexión entre los ciudadanos y las autoridades ha facilitado el descontento, algo que debería ser abordado de inmediato teniendo en cuenta que la sociedad civil es un fuerte motor de transformación social, y en especial los jóvenes.

Las Naciones Unidas dieron un paso adelante en 2015 reconociendo el papel fundamental de la juventud en la resolución de conflictos y la construcción de la paz. La resolución 2250/2015 puso las bases para que los gobiernos y las organizaciones internacionales empezaran a promocionar la participación de los menores de 30 años. La Unión Africana está desarrollando una tarea importante en este aspecto, designando una Youth Envoy y fomentando foros intercontinentales en esta materia: “Youth Silencing the Guns”. Los jóvenes malienses entrevistados mostraron un conocimiento profundo sobre las causas del conflicto en su país, tanto las económicas como las políticas y las securitarias. Al mismo tiempo, tenían propuestas y motivación para participar, para transformar su entorno y, lo más importante, la confianza de poder construir un futuro sin tener que emigrar.

En las últimas semanas, hemos visto cómo el apoyo juvenil en las protestas del movimiento RPF-M5 han sido fundamentales para perpetrar el golpe de Estado, algo que reafirma la importancia de que los jóvenes cuenten con un conocimiento profundo sobre democracia y derechos humanos y con las herramientas y espacios para practicar la participación política. De esta forma, podrían promover transiciones pacíficas y constitucionales y revertir el proceso de fractura y decadencia estatal a favor de la construcción de un país próspero, como ya fue Mali en su momento de máximo esplendor precolonial.

Viviane Ogou es graduada en Relaciones Internacionales y estudiante del Msc en Seguridad Internacional, con mención en Desarrollo, por el IBEI. Es fundadora y CEO del Think and Do Tank Juvenil “La Puerta de África”. Sus focos de interés son el Sahel, las relaciones euroafricanas, las migraciones y la participación política de la juventud.