Por Alphonce Shiundu. ¿Cuál es la mejor manera de hacer frente a la información falsa o desinformación, el fenómeno notorio que algunas personas llaman fake news?

La respuesta del Parlamento británico es cuádruple. Uno, prohibir el uso del término fake news; dos, establecer reglas para las plataformas de redes sociales, el contenido publicado en esas plataformas y castigar severamente a quienes incumplen las normas. Tres, buscar la transparencia sobre qué datos se recopilan, cómo se recogen y cómo funcionan los algoritmos. Y cuatro, alfabetización digital, es decir, simplemente enseñar a la gente qué es la buena información y las habilidades básicas de pensamiento crítico para procesar la información.

Si vienes de algún país con leyes de protección de datos relativamente débiles y una población digital en rápido crecimiento, es fácil pensar que algunas de estas recomendaciones son bastante razonables.

Pero ahí es donde empiezan las preguntas. ¿Cómo controlan Internet los Estados nación, cuando las empresas tecnológicas que ofrecen plataformas en las que se publica esta información no están ni siquiera dentro de su jurisdicción?

Las lecciones de Alemania, con su ley que impone considerables multas a las empresas tecnológicas que propagan desinformación, especialmente las que incitan al odio, plantean dudas sobre la libertad de expresión. Pero lo que intenta hacer el informe del comité parlamentario de Reino Unido es encontrar un equilibrio entre la salvaguardia de la libertad de expresión –el petróleo de la política democrática– y lidiar con la contaminación informativa.

Aunque la investigación tuvo lugar en el Reino Unido e involucró a una compañía británica hasta el momento difunta, Cambridge Analytica, debería ser motivo de preocupación que miembros del parlamento notasen que las tácticas utilizadas en las campañas digitales tuviesen como objetivo a cerca de 30 países en diferentes partes del mundo, con cuatro países en África (Kenia, Nigeria, Níger y Gambia).

Prohibir el término fake news
He aquí la razón. El término fake news es una frase general para casi todo, desde el ámbito de las informaciones erróneas y la desinformación hasta la información fáctica que no gusta a las personas de poder. Usarlo no solo es simplista, sino que también inhibe la comprensión del impacto del fenómeno en las democracias. Retirarlo del léxico oficial es un gran primer paso.

De manera similar, la propuesta de reglas y apertura en el espacio publicitario digital, especialmente en política, es un espacio importante que el gobierno y las agencias electorales necesitan revisar.

Facebook recibe 1.470 millones de personas cada día para usar sus servicios. Mensualmente, 2.230 millones de personas entran en Facebook. La empresa estadounidense también posee Instagram y WhatsApp, así como su aplicación Messenger, llegando por lo tanto a 2.500 millones de personas cada mes, según su fundador Mark Zuckerberg. Twitter tiene a 338 millones de personas usando su plataforma mensualmente. Todos estos usuarios proporcionan con sus datos “materia prima” a estas empresas tecnológicas. Estas firmas después producen los “productos”, que son los anuncios que se enfocan a estos usuarios, aplicaciones y los conocimientos extraídos de los datos.

Auditoría algorítmica
El informe del Parlamento británico también proporciona referencias a investigaciones expertas que demuestran que las máquinas y los algoritmos pueden procesar datos digitales (como los likes de Facebook). Además, es posible revelar detalles sobre la personalidad de una persona, aquello que le gusta y lo que no, e incluso predecir sus preferencias políticas. Los algoritmos son tan específicos que terminas viendo mensajes que se dirigen específicamente hacia ti, y puede que nunca sepas de donde vinieron. Cuanto más clics haces en estos mensajes, más del mismo tipo terminas viendo. Y si ciertos mensajes no están dirigidos a ti, no llegarás a ver todo el espectro de conversaciones que tus llamados “amigos” están teniendo en línea.

Si una compañía tecnológica extranjera (me vienen a la mente Cambridge Analytica y Aggregate IQ) puede explotar datos recopilados por Facebook, Twitter o Google para influir en las elecciones en países como Estados Unidos, Reino Unido, Kenia y Nigeria, existe una amenaza real de que otros actores puedan convertir estos datos en un arma con fines perversos.

Por lo tanto, es comprensible que los políticos, que son los representantes del pueblo, exijan la apertura, presionen para que se le diga al público qué datos e informaciones están concediendo voluntariamente, cómo están siendo usados y quién más tiene acceso a ellos. En la publicidad política digital existe una estrategia denominada microtargeting, donde los algoritmos personalizan anuncios y apuntan a usuarios con mensajes específicos para ellos.

Debería ser bastante fácil de hacer.

Peligro para las democracias emergentes
En otros contextos, especialmente en los países de África, será problemático para las empresas tecnológicas entregar sus datos a los reguladores. Esto se debe a que la mayoría de los reguladores están bajo el dominio del Gobierno y, por lo tanto, subordinados a los deseos del partido gobernante.

En Kenia, es el Gobierno el que contrató a Cambridge Analytica, y en dos ocasiones. Los medios de comunicación convencionales, mientras que profesionalmente libres, son estructuralmente condescendientes frente a los caprichos de la élite. Ahora imaginemos que el gobierno tuviese todos los datos de Facebook, Twitter y Google “para fines legislativos”, al mismo tiempo que los servicios de Cambridge Analytica o una empresa del estilo. Esa peligrosa intersección entre la élite gobernante y el partido, por un lado, y el gobierno en el poder, por el otro, es probable que permita una difusión generalizada de propaganda y sin reparos a escalas nunca vistas anteriormente.

Lo importante en el informe parlamentario británico es que finalmente termina la ofuscación en el debate de identidad que las redes sociales habían utilizado para esquivar la regulación. Los legisladores quieren poner fin a la identificación de Facebook, Twitter y otras redes sociales como “plataformas” o “editoras”. Dicen que una tercera categoría es necesaria para hacer frente a la peculiar multidimensionalidad de las empresas de redes sociales. Son conscientes de que esto tiene que mirar al futuro, basado en principios, de modo que el abismo entre la ley y las tecnologías digitales en evolución no sea tan amplio.

Alfabetización digital
La mejor respuesta radica en la alfabetización digital. Esto incluye enseñar a un gran número de personas (incluyendo a los niños desde una edad muy temprana) cómo evaluar la información con rigor, a comprobar los hechos y a poseer un pensamiento crítico de la misma manera que se enseña la lectura, la escritura y las matemáticas, porque lo que pueden hacer las leyes y las regulaciones es limitado. En última instancia, son los usuarios los que necesitan conocer la sofisticación con la que se implementan sus datos y cómo se utilizan.

En resumen, es necesario resaltar que el debate actual sobre la publicidad política digital es importante, dados los hechos de Internet como una fuerza que “aplanó” la Tierra. Puede parecer que el debate sobre la regulación de la mensajería política en las redes sociales es esencialmente un debate sobre la regulación de Internet. Pero si bien la reglamentación es la opción predeterminada para muchos gobiernos de todo el mundo, la transparencia de los datos y la algorítmica, junto con la alfabetización digital, parecen ser opciones más sostenibles para contrarrestar las informaciones erróneas y la desinformación en una democracia.

Alphonce Shiundu es editor de Africa Check Kenia, y actualmente posee una Beca Chevening en la Universidad de Westminster (Londres). Graduado por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Moi, comenzó su carrera en Nation Media Group antes de unirse a Standard Group, donde fue responsable para la sección parlamentaria. Ha formado a reporteros y editores en nuevos medios y producción impresa. Traducción: Guillermo Ramos Pérez.

La publicación de este artículo se enmarca en el Proyecto CONFIAFRICA, que forma parte del Programa INTERREG MAC 2014-2020 y es cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Regional FEDER.