El retorno forzoso de migrantes desde la Unión Europea (UE) hacia sus países de origen continúa siendo la causa principal de grandes tensiones en países africanos y en los Estados miembros de la UE. Como resultado, la UE – y los Estados miembros de manera individual – se han esforzado por buscar soluciones con la finalidad de mejorar la cooperación en materia migratoria.

Lo que quieren los países de la UE es que los países de origen acojan a los migrantes que no pueden vivir en Europa de manera legal. Sin embargo, las tasas de retorno desde la UE a África son las más bajas en comparación con otras regiones del mundo e incluso han disminuido en la última década. Por ejemplo, entre 2015 y 2019, solo el 9 % de senegaleses cumplió con la orden de retorno desde la UE. Dicho de otro modo, de los 30 650 migrantes senegaleses que recibieron una orden para salir de un país europeo entre 2015 y 2019, solo lo hicieron 2805.

El retorno forzoso requiere la cooperación de los países de origen mediante, por ejemplo, la expedición de documentos de viaje o la autorización del aterrizaje de vuelos.

Basándome en mi reciente trabajo y en un proyecto de investigación más amplio, afirmo que los retornos son tan bajos en parte porque los legisladores europeos ignoran los problemas e intereses opuestos a los que se enfrentan las partes interesadas africanas.

También explico cómo los Estados de África Occidental se resisten a cooperar con los retornos. Sus estrategias van desde el cumplimiento renuente de las deportaciones de sus ciudadanos hasta el incumplimiento proactivo.

Mis conclusiones ayudan a explicar por qué las actuales asociaciones migratorias continúan teniendo un escaso efecto en los retornos.

Las asociaciones migratorias no tienen éxito

Aparte de Ruanda, que ha firmado un acuerdo con el Reino Unido para acoger a solicitantes de asilo, que aún no se ha implementado, los retornos desde países europeos son enormemente impopulares en la mayoría de los países africanos.

En junio de 2016, se estableció el Marco de Asociación de la UE. Su objetivo era movilizar instrumentos, recursos e influencia tanto de la UE como de los Estados miembros para establecer una cooperación con los países socios con el fin de “gestionar” los flujos migratorios. Afirmaba que la prioridad era lograr retornos rápidos. Para este enfoque señalaba cinco países prioritarios: Etiopía, Mali, Níger, Nigeria y Senegal, con los que se buscaba establecer pactos migratorios adaptados a ellos.

Hasta ahora, en su gran mayoría este marco no ha tenido éxito en mejorar la cooperación en materia migratoria. Lo mismo se aplica al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de 2020, y a un código de visados revisado que permite restricciones de visados para los países que no cooperen adecuadamente con los retornos.

Los retornos forzosos, especialmente hacia África Occidental, siguen siendo bajos, como ya se ha señalado.

Para ello, existen varias razones. En primer lugar, las deportaciones son a menudo acontecimientos violentos y traumáticos para quienes son devueltos e implican violaciones graves hacia los derechos humanos. Por ejemplo, recientemente un grupo de derecho de los migrantes senegalés documentó el caso de una persona deportada de una institución psiquiátrica cerrada en Alemania sin medicamentos, historial médico, teléfono u otras pertenencias personales, que fue abandonada a su suerte a su llegada. Los gobiernos que protegen a sus ciudadanos querrán evitar esto.

En segundo lugar, los retornos pueden alcanzar el costo de importantes remesas (a menudo más altas que la ayuda al desarrollo). Por ejemplo, Nigeria es el mayor país receptor neto de remesas de África subsahariana. En 2017, el país recibió 22 000 millones de dólares de remesas oficiales, lo que representa el 5,9 % de su PIB. En comparación, la ayuda oficial al desarrollo ascendió a 3360 millones de dólares, es decir, solo el 0,89 % del PIB. De esta manera, los países estiman que los retornos podrían reducir las remesas. Y la reintegración de los deportados conlleva costes sociales y económicos.

En tercer lugar, los países se sienten maltratados por sus homólogos europeos. Las vías legales de migración son limitadas y el enfoque de la UE es cada vez más punitivo. Existen condiciones estrictas de visado para los países que no cooperan adecuadamente con los retornos, como Gambia o Senegal.

Los gobiernos responden de diversas maneras a las presiones de la UE en materia de retorno.

Una variedad de respuestas

Los intereses de los gobiernos de Nigeria, Senegal y Gambia se consideraron en la investigación basándose en 129 entrevistas a legisladores, políticos activistas de la sociedad civil y expertos académicos de estos países y de la UE.

Las respuestas de los países van desde el cumplimiento renuente hasta el incumplimiento reactivo y proactivo. Es probable que todas estas estrategias se utilicen en distintos momentos y a veces de forma simultánea. Las respuestas están influenciadas por las presiones, a menudo contradictorias, a las que se enfrentan los gobiernos a nivel interno y externo.

El cumplimiento renuente consiste cuando los países cumplen con las deportaciones, pero sólo de manera renuente. Por ejemplo, los acuerdos informales de retorno señalan el cumplimiento a los socios internacionales, pero atraen menos el escrutinio de los órganos de supervisión parlamentaria o del público en general. Sin embargo, esta estrategia puede resultar contraproducente y generar entre los ciudadanos desconfianza e indignación.

El incumplimiento reactivo incluye denunciar los problemas técnicos y originar retrasos en las operaciones de retorno. Los Estados no pueden identificar si los migrantes son ciudadanos suyos ni expedir los documentos de viaje de los migrantes que se encuentran en espera de deportación. Esto puede ser una estrategia menos costosa que rechazar totalmente las deportaciones, mientras aumenta la aprobación nacional.

El incumplimiento proactivo es la respuesta más extrema y se produce cuando los Estados son más directos en cuanto a su negativa por cooperar con los retornos. Incluye, por ejemplo, el estancamiento de las negociaciones para un acuerdo formal de retorno. Han optado esta vía Senegal y Nigeria. Gambia incluso aplicó una moratoria sobre todos los vuelos de deportación (alquilados) durante unos meses.

El incumplimiento proactivo tiene el mayor potencial para que los gobiernos mejoren su legitimidad interna, especialmente en época de elecciones. Pero puede costarles el apoyo internacional. En el caso de Gambia, por ejemplo, la UE ha impuesto sanciones respecto a visados.

¿Qué sigue ahora?

Las partes interesadas de la UE podrían hacer más por considerar los intereses de los países africanos a la hora de aceptar a los repatriados.

Aumentar la presión ocasionará más resistencia. Más bien, la UE debería focalizarse en restaurar las relaciones. Una opción sería ofrecer vías de migración que sean accesibles, visibles y creíbles. Vincular esto a las presiones de retorno es probable que no funcione, y tampoco mejorará las relaciones a largo plazo.

Artículo redactado por Franzisca Zanker, publicado el 29 de mayo de 2023 originalmente en inglés por The Conversation y traducido al español con la colaboración de Casa África. Traducción realizada por Lucía Saucedo.