La aproximación a las migraciones interafricanas desde un enfoque únicamente de seguridad no permite aprehender su carácter multidimensional, a la vez que pone en un segundo plano a las personas africanas. Canarias puede y debe construirse como un espacio de encuentro y de acogida digna más que como un espacio de contención y de despliegue de políticas antimigración.

En 2023, Canarias registró el mayor número de llegadas de personas migrantes africanas vía marítima hasta la fecha: más de treinta y nueve mil personas alcanzaron las costas del archipiélago, mientras que alrededor de seis mil personas perdieron la vida durante el trayecto^[2]. Para hablar de la gravedad de la situación se suelen comparar las cifras actuales con las recopiladas en 2006, periodo conocido como “la crisis de los cayucos” precisamente por haberse producido un aumento de los flujos migratorios africanos sin precedentes. Más de quince años después nos encontramos ante la misma realidad que acusa la falta de medios para que quienes quieran migrar desde África lo puedan hacer en condiciones dignas y seguras.

El gobierno central español es el encargado de diseñar y gestionar las políticas de recepción y acogida de las migraciones internacionales, cediendo determinadas competencias para la ejecución de estas a los gobiernos de las comunidades autónomas pertinentes. En sintonía con el espíritu y voluntad del resto de miembros de la Unión Europea (UE), el 20 de diciembre del año anterior el Parlamento Europeo y la Comisión Europea anunciaban el fin de las negociaciones del Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo (2020), una propuesta legislativa en materia migratoria que se presenta como una solución para “gestionar y normalizar las migraciones a largo plazo, proveyendo condiciones dignas a las personas que llegan a Europa”^[3]. Sin embargo, son muchas las críticas que han surgido hacia el Nuevo Pacto, pues este afianzará aún más la perspectiva de seguridad nacional desde la que se aborda la cuestión migratoria: continuará externalizando las fronteras mediante acuerdos bilaterales con terceros países, además de querer incrementar los controles en fronteras europeas de tal manera que estas funcionen como espacios de retención donde ralentizar la acogida o agilizar las devoluciones. Se prevé que el acuerdo priorice los intereses nacionales y mecanismos de expulsión de personas migrantes de los países europeos en detrimento de la activación de vías seguras para los flujos migratorios.

Vecinas del continente africano, a la vez que región ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea, las islas Canarias se constituyen como un actor intermediario clave para las relaciones entre Europa/España y el continente africano^[4]. En la década de los años noventa comenzaron a llegar a Canarias las primeras embarcaciones pesqueras provenientes de África Occidental. Estas partían de la costa continental más cercana al archipiélago, alcanzando principalmente las islas orientales (Lanzarote y Fuerteventura). Con la creación del espacio Schengen, los Estados miembros han realizado constantes esfuerzos para garantizar su seguridad interior y para intensificar las fronteras exteriores, lo cual se ha traducido en la creación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en 2016 y en el afianzamiento de su papel en la gestión integrada de las fronteras^[5]. Una de las consecuencias directas de la acción de Frontex ha sido la diversificación de los puntos de partida de las rutas migratorias, dado que las personas migrantes intentan sortear los múltiples controles y a los agentes que tratan de impedir los desplazamientos. La vigilancia férrea de las fronteras europeas se remonta a las medidas adoptadas mediante el Acuerdo de Schengen, firmado en 1985 y en vigor desde 1995, del que forman parte a día de hoy veintisiete países europeos. El acuerdo supuso, por un lado, la creación de un espacio de libre circulación de bienes y personas entre los países firmantes; mientras que por otro lado reforzó las fronteras exteriores, con la consiguiente aplicación de normas relativas a los visados y al ámbito de cooperación con terceros países^[6].

La denegación de visados y el aumento del control migratorio son clave para comprender la realidad de la ruta atlántica África-Canarias, pues quienes quieran o tengan que migrar a Europa han de hacerlo mediante trayectos marítimos o terrestres que ponen en peligro sus vidas. La respuesta del gobierno español a las llegadas de 2006 se enfocó en preservar la seguridad interior en detrimento de la seguridad humana. En este sentido, algunos de los discursos y propuestas políticas que se formularon quedaron recogidos en el primer Plan África (2006-2008)^[7], el cual muestra la voluntad del gobierno central por impulsar la cooperación bilateral y multilateral con países africanos en materia migratoria, poniendo en marcha instrumentos de control y contención tanto en los países de origen como en los de tránsito.

Sin embargo, los hechos hablan por sí solos: las políticas migratorias con vistas a frenar los flujos de movilidad África-Europa no han resultado eficaces. De hecho, para entender la movilidad intercontinental africana es fundamental ir más allá de la política exterior e interior de España y conocer los contextos sociopolíticos de los países de origen (y de tránsito), ya que estos pueden jugar un papel importante en la decisión de migrar^[8]. En el caso de Senegal, por ejemplo, la población está viviendo una etapa de inestabilidad política y malestar social por la ambición del actual presidente Macky Sall de acceder a un tercer mandato y sus continuas estrategias para impedir la candidatura de Ousmane Sonko (líder de la oposición), así como de otros opositores políticos^[9]. El 3 de febrero, Macky Sall protagonizó un golpe de Estado constitucional al anunciar el aplazamiento de las elecciones presidenciales previstas para el día 25 de ese mismo mes al 15 de diciembre, postergando su mandato como si de una tercera etapa se tratara, agudizando el malestar social y político y respondiendo con violencia policial contra quienes protestan en las calles^[10].

Para concluir, hemos de resaltar que son muchos los factores que influyen a la hora de comenzar un proceso migratorio. Es por ello que la aproximación a las migraciones interafricanas desde un enfoque únicamente de seguridad no permite aprehender su carácter multidimensional, a la vez que pone en un segundo plano a las personas africanas. Canarias puede y debe construirse como un espacio de encuentro y de acogida digna más que como un espacio de contención y de despliegue de políticas antimigración. Para esto, es necesario que nuestra proximidad sea más que una cuestión geográfica, que haya un interés y una voluntad reales por conocer qué hay detrás de las llegadas desde Gambia, Mauritania, Ghana, República Democrática del Congo e incluso Comoras; pero “hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de caza siempre glorificarán al cazador”^[11].

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^[1] En lengua fulani, hablada principalmente en países de África Occidental, boza significa “victoria”, “renacer” o “libertad”; es una palabra que las personas migrantes gritan cuando llegan a tierra firme. En el islam, barzakh se refiere al limbo, a un estado intermedio, y es utilizado con el sentido de morir en la ruta migratoria hacia Europa.

^[2] Los datos relativos a las llegadas pueden consultarse en el informe del Ministerio del Interior: Inmigración irregular 2023. En cuanto a los datos de desapariciones en la Ruta Atlántica, pueden consultarse en el informe elaborado por Caminando Fronteras: Monitoreo derecho a la vida 2023

^[3] Para más información, véase: New Pact on Migration and Asylum – European Commission

^[4] Cabe destacar que las relaciones España-África se presentan como una oportunidad de diálogo en desequilibrio al tratarse de un país europeo frente a un continente formado por cincuenta y cinco países.

^[5] Para más información, véase: Frontex

^[6] En el caso que nos ocupa, son muchos los actores y las medidas empleadas para que los y las migrantes no alcancen el territorio español: el papel y la presencia de Frontex, de los cuerpos y fuerzas de seguridad tanto de España como de socios africanos, la cooperación con terceros países, las devoluciones en caliente y los acuerdos bilaterales de repatriación, entre otros.

^[7] Marco estratégico de la política exterior española que define los principales ejes de actuación en las relaciones España-África subsahariana.

^[8] Si bien los contextos individuales de cada país pueden fomentar las migraciones, defendemos el derecho de las personas africanas a migrar para emprender un proyecto de vida porque así lo quieran.

^[9] El artículo 27 de la Constitución establece que el mandato presidencial tiene una duración de cinco años, renovable una vez. Siendo este el segundo mandato de Macky Sall, el aplazamiento de las elecciones supone una violación de la Constitución.

^[10] Aplazar las elecciones es una decisión que solo puede tomar el Consejo Constitucional.

^[11] Proverbio igbo.

Artículo redactado por Indhira García Belda, de la Universidad Internacional de Andalucía, y María Ángeles Alaminos Hervás, de la Universidad Loyola Andalucía, GEA, UNISCI.

Fuente de la imagen: © Web de la Comisión Europea