El pasado mes de septiembre, tres dirigentes africanos -los presidentes de Senegal, Mali y la RDC- viajaron hasta Rotterdam para asistir a la Cumbre sobre la Adaptación Africana, un encuentro que debía servir como preparación para la COP-27, que se celebró este mes de noviembre en Egipto. Era, según aseguraban en la web de la organización, “una oportunidad histórica para avanzar respecto al Pacto de Glasgow por el Clima y suplir el déficit de financiación para la adaptación de África”. Sin embargo, tan solo un líder europeo apareció por la Cumbre: el presidente del país anfitrión, Mark Rutte. Algo que sorprendió negativamente a los dirigentes africanos, que mostraron abiertamente su decepción por la ausencia de sus contrapartes europeas y del resto de países occidentales.
Este es solo uno de los muchos ejemplos de cómo las preocupaciones climáticas de Europa -y especialmente su financiación- parecen haber sido relegadas a un segundo plano en un momento de importantes tensiones geopolíticas para el Viejo Continente. La guerra en Ucrania, la subida de la inflación y las dificultades con los combustibles han conllevado algunas decisiones, como la reapertura de centrales de carbón en Alemania o la calificación del gas como “energía verde”, que parecen casar mal con las propuestas recogidas en el Pacto Verde Europeo, puesto en marcha en 2019. Aunque, en realidad, no es nuevo: los países desarrollados continúan incumpliendo sistemáticamente algunos de los compromisos alcanzados internacionalmente para financiar a los países menos desarrollados.
Promesas incumplidas
Hace más de una década, en 2009, los países más industrializados se comprometieron a destinar 100 000 millones de dólares al año hasta 2020 (Acuerdo de Copenhague) para financiar la adaptación y mitigación de los problemas causados por el cambio climático en los países que más lo estaban sufriendo. Sin embargo, en ninguno de los años de todo el periodo se ha llegado a alcanzar tal cifra, tal y como se puede ver en la siguiente tabla. De hecho, en 2020, cuando se alcanzó el dato más alto del periodo, los fondos movilizados llegaron solo a los 83 000 millones de dólares, según la OCDE.
Lo peor es que, desde entonces, las necesidades han crecido exponencialmente y los efectos del cambio climático se han notado con mayor contundencia aún en el continente africano. Los ejemplos son muchos. Por citar solo algunos: en el Cuerno de África afrontan ya la quinta temporada de sequías consecutivas, con Eritrea, Yibuti, Somalia y Etiopía entre los países más afectados; en Chad, Nigeria o Sudán del Sur las inundaciones se repiten, y Senegal se enfrenta a la subida del nivel del mar, la erosión costera y la salinización del suelo, entre otras dificultades. Todas estas realidades no se deben únicamente al cambio climático, sino que son el resultado de un conjunto de factores multidimensionales, entre los que cabe destacar otros como la degradación medioambiental, la urbanización descontrolada, las políticas agrícolas que fomentan o permiten los monocultivos para la exportación, las actividades extractivistas, la sobreexplotación pesquera o la deforestación, en muchos casos fomentados por políticas impulsadas desde el norte global. Pero no cabe duda de que el aumento de la temperatura a nivel mundial está provocando una intensificación de todos estos fenómenos climáticos, que ahora son más abundantes y con mayor capacidad de destrucción, provocando que las necesidades de financiación sean aún mayores.
No solo cantidad
Además de las necesidades de aumentar cuantitativamente la financiación, existen otros aspectos importantes para que esta sea efectiva, como son adónde se dirige y cómo se implementa. Una investigación publicada a finales de 2021 intentaba cuantificar el dinero para financiar la adaptación al cambio climático recibido por África entre 2014 y 2018. Entre sus conclusiones, destacaba que la financiación destinada a mitigación -reducir las emisiones de efecto invernadero- fue de unos 30 000 millones de dólares, casi el doble que la enfocada a la “adaptación” (16 500 millones); que la mayor parte de estos fondos fueron desembolsados en forma de préstamos (57 %) y que la mitad de las acciones de adaptación se destinaron solo a dos sectores: agricultura y agua y saneamiento.
En la misma línea apuntan las conclusiones de otro estudio, este conducido por ACT Alliance EU respecto a la financiación climática de la Unión Europea. El documento destaca la necesidad de aumentar los fondos, mejorar los datos disponibles sobre estos fondos y no contabilizar igual créditos y donaciones, pero además recoge específicamente que menos de un tercio de la financiación realizada por parte de las instituciones europeas se destinó a adaptación y que el porcentaje asignado a los países de renta media aumentó respecto a los menos desarrollados (donde la financiación pasó de representar el 20 % en 2017 al 14 % en 2018).
Esto indica, tal y como denuncian numerosos activistas del sur global, que no se está trabajando desde una perspectiva de justicia climática, que implicaría poner en primer lugar las necesidades de las poblaciones más vulnerables al cambio climático, que son, además, quienes menos han contribuido a este fenómeno. En el caso de África, es de sobra conocido ya que las emisiones del continente suponen menos del 3 % del total, pero el dato es aún más impactante si eliminamos de la ecuación a los países más industrializados: si no contabilizamos a Sudáfrica, Egipto, Nigeria y Angola, la contribución al cambio climático del resto de países africanos es de menos del 1 % entre todos ellos. Por ello, en la pasada COP 27, los países africanos exigieron un aumento de la financiación y pusieron el foco en la urgencia de apoyar la adaptación de las poblaciones, al tiempo que se incidió en que fuesen los países desarrollados -responsables del calentamiento global- quienes tomasen las medidas necesarias para reducir las emisiones.
Artículo redactado por Aurora Moreno Alcojor.
