Las dos principales potencias africanas, Nigeria y Sudáfrica, gigantes en sus regiones respectivas, celebran elecciones este año que acaba de comenzar. Nigeria debe elegir el 16 de febrero a su presidente y a los miembros de las dos cámaras del Parlamento federal y el 2 de marzo a los gobernadores y a las asambleas de la mayoría de los 36 estados de la federación. Dos meses más tarde, Sudáfrica acude a las urnas para escoger a los parlamentarios que designarán al presidente de la república.

En Nigeria, el presidente Muhamadu Buhari opta a la reelección después de cuatro años de una gestión controvertida. Candidato de All Progressives Congress (APC), llegó a la presidencia con la promesa de acabar con el grupo islamista Boko Haram y combatir la corrupción, endémica en el país más poblado de África (unos 190 millones). No ha terminado con Boko Haram ni con la corrupción y las tensiones en Biafra y en el centro del país van en aumento. La economía crece de forma moderada (1,9% en 2018, según el Banco Africano de Desarrollo), dependiente en sus ingresos de las exportaciones de petróleo.

Buhari se enfrentará a Atiku Abubakar, el aspirante del Partido Democrático del Pueblo (PDP). A la consulta se presentan unos 80 candidatos, pero Bubakar, conocido como Atiku, es el único con capacidad de derrotar a Buhari, tanto por sus apoyos recibidos por las elites político militares y su conocimiento de la intrincada administración como por contar con la maquinaria de un partido que está implantado en todo el vasto territorio. Además, la legislación favorece a los dos grandes partidos porque se exige al vencedor que obtenga el 25% de los votos en al menos 24 de los 36 estados.

Ausente durante largos periodos de tiempo, en los que se desataron todo tipo de rumores acerca de su frágil salud, Buhari se ha visto desbordado por Boko Haram, convertido en un problema no solo nigeriano sino trasnacional. No ha funcionado la mano dura, con carta blanca a los militares, que han sido denunciados por sus abusos. A pesar de las promesas de acabar con los islamistas, el general Buhari ha comprobado cómo Boko Haram y su disidencia más radical, Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP), se mueven con extremada facilidad por el estado de Borno, en un noreste que se siente periferia; cruzan fronteras y llegan a atentar en la capital federal, Abuja.

En la corrupción, no ha habido mejoras a pesar de las periódicas y mediáticas detenciones de altos cargos y el triunfalismo del Gobierno, que asegura que ha recuperado 27.000 millones de dólares estadounidenses. No obstante, la organización Transparencia Internacional, que mide la percepción de la corrupción, sitúa a Nigeria en el lugar 148 de los 180 países analizados.

Atiku Abubakar, un empresario de éxito, que fue vicepresidente de otro general, Olusegun Obasanjo (1999-2007), promete 3 millones de empleos, combatir la pobreza y erradicar la corrupción, tres mensajes que cautivan en un país de desigualdades, con 87 millones de pobres. Millonario bajo sospecha, porque estuvo al frente de las aduanas y fue señalado como “corrupto” por el presidente general Obasanjo, consiguió imponerse en las primarias del PDP y obtener el apoyo del propio Obasanjo y de un general con una notable influencia, Ibrahim Babangida.

Las elecciones, que pueden suponer el retorno del PDP al poder, no se juegan en el norte musulmán de donde son originarios los dos candidatos. Con excepción de Kano, el segundo estado más poblado de la federación, la clave se encuentra en el sur, en el petrolero Rivers y en el pujante Lagos. Rivers y Kano son dos de los seis estados en los que International Crisis Group (ICG) destaca un riesgo de violencia, junto a Kaduna, Plateau, Akwa Ibom y Admawa.

En Sudáfrica, ya se sabe quién ganará las legislativas, el Congreso Nacional Africano (CNA), el partido fundado hace más de 100 años que llegó al poder hace 25, en las primeras elecciones plurales tras el desmantelamiento del ignominioso régimen del apartheid. Conocido el ganador, las elecciones son cruciales puesto que medirán el desgaste del CNA un año después de la dimisión de Jacob Zuma, acosado por la corrupción.

Las encuestas indican que su sucesor, Cyril Ramaphosa, ha evitado la catástrofe. Según el instituto Ipsos, el 61% de los encuestados asegura que votará al CNA. No se repetirán, por tanto, los malos resultados de las municipales de 2016, en los que se perdió el control de ciudades tan importantes como Johanesburgo y Pretoria.

Ramaphosa, de pasado sindicalista y presente empresario, reconoce que los “errores del pasado” han socavado la confianza en el CNA. Al mundo financiero, le ofrece estabilidad y una mejor imagen que la de Zuma, que era ortodoxo en economía pero causaba inquietud por su discurso populista y sus continuos escándalos de corruptelas. Para atraer a los electores de los suburbios, donde pesca votos Combatientes de la Libertad Económica (EEF), la formación creada por Julius Malema, Ramaphosa ofrece miles de puestos de trabajo, más “igualdad”, una mejora de los servicios sociales y la distribución de tierras.

La creación de puestos de trabajo –275.000 prometidos por Ramaphosa– es indispensable para paliar un desempleo que afecta al 26,6% de la población activa, según las propias estadísticas oficiales. No obstante, es un objetivo difícil de alcanzar si persisten periodos de crecimiento negativo, como el sufrido en el segundo y tercer semestre del año pasado.

Controvertida es la reforma que permitirá la distribución de tierra sin indemnización, a “cero rand”. Apoyado por Combatientes de la Libertad Económica, el CNA superó el primer paso, en un camino que se intuye largo y laborioso, al adoptar en diciembre el Parlamento un documento que requiere una enmienda constitucional. La propuesta, rechazada por Alianza Democrática (DA), el principal partido opositor, alarma a la comunidad blanca, poseedora de gran parte de las tierras productivas. A Ramaphosa, le sirve para unir a un CNA que presenta fisuras y lograr la complicidad de la izquierda, representada por la formación de Malema, con una fuerte implantación en las provincias de Gauteng, Limpopo y Noroeste.

Sudáfrica no es Zimbabue, ni Ramaphosa es Robert Mugabe, pero la mera mención de una reforma agraria provoca sudores fríos. Aunque se pretenda subsanar una arbitrariedad, la desposesión, por parte de los gobiernos coloniales, de las tierras de los negros, su aplicación exige prudencia, como bien saben el presidente namibio Hage Geingob y los dirigentes del Congreso Nacional Africano.

Antoni Castel es doctor en Ciencias de la Comunicación y licenciado en Historia. Miembro del Grup d’Estudi de les Societats Africanes (GESA).