Por José Segura Clavell. Las Naciones Unidas dedican cada 5 de junio al Medio Ambiente, una fecha adoptada en recuerdo del día en que se inició la conferencia de Estocolmo en el año 1972. En su apelación anual a la conciencia de la comunidad global en pro de la sostenibilidad ambiental, este año nos hace una llamada para que prestemos especial atención a la biodiversidad.
Es una realidad que las actividades humanas han alterado significativamente la biodiversidad nuestro planeta. La biodiversidad es el complejo sistema que asegura nuestra existencia, tal como ha puesto de manifiesto la irrupción de la COVID-19 en nuestras vidas.
El ser humano ha ido alterando el equilibrio de la naturaleza, invadiendo las áreas silvestres o reduciendo la diversidad genética de las especies, con lo que hemos ido generando las condiciones propicias para la transmisión de virus que estaban confinados en poblaciones de animales. Revertir la pérdida de la biodiversidad es la única forma de restaurar la salud del Planeta, y esto solo será posible cuando entendamos y aceptemos el funcionamiento de la red de vida de la que somos parte, y no dueños.
Día a día, el ser humano ataca a la naturaleza vertiendo basura altamente contaminante, tanto en la tierra como en el mar. A través de la persistente deforestación y la sobreexplotación de suelos y recursos naturales se arremete contra la biosfera, poniendo en peligro la biodiversidad que le acompaña. Contra tales acciones se han venido promoviendo acuerdos internacionales, tratados, y normativas nacionales con resultados variados.
La crisis ocasionada por el COVID-19 (medida en muertes, pérdidas de empleo, colapso de la economía, hambrunas…) es previsiblemente inferior a las consecuencias que nos acechan si la humanidad no transforma su actual estilo de vida, respetando el equilibrio climático y modificando el sistema energético internacional para estabilizar el clima y la vida sobre la Tierra.
En mi pasada experiencia parlamentaria, tanto como senador como diputado, tuve el privilegio de colaborar en la constitución, en el Senado en 1989, de una subcomisión para analizar los efectos del debilitamiento de la capa de ozono, y estudiar y hacer seguimiento de las acciones que la comunidad internacional debía y acabó tomando: el llamado protocolo de Montreal rechazó el empleo de los derivados halogenados de los hidrocarburos saturados en las instalaciones de refrigeración como fluidos frigorígenos.
Se trató de un acuerdo internacional de alto nivel que trajo consigo transformaciones estructurales relevantes en muchos sectores industriales de todos los países signatarios del referido acuerdo y en el transcurso de los años se pudieron comprobar beneficios que lamentablemente se han ido debilitando en los últimos años por el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
En Mayo de 1992, en la cumbre celebrada en Río, el presidente del gobierno español Felipe González, fue uno de los signatarios de la “Convención Marco sobre el Cambio Climático” de las Naciones Unidas, actualmente ratificado por más de 200 países unidos alrededor del núcleo básico de la lucha común contra el Cambio Climático. Su artículo 2 instaba a “lograr la estabilización en las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático”.
Fue a comienzos de la IX legislatura de las Cortes (2008) cuando se constituyó la comisión mixta Congreso-Senado para el cambio climático, que tuve el privilegio de presidir. Tras cuatro años de trabajo, emitió un informe final de recomendaciones al gobierno, integrado por 101 propuestas que constituían un conjunto doctrinal que recomendaba al Gobierno que hiciese de las políticas de cambio climático “un eje básico de la coherencia de las políticas económicas, energética, industrial, de infraestructuras, agrícola, forestal, de gestión de residuos y agua, comercial e internacional”.
Por esa razón es por la que hace unos años publiqué una monografía que titulé “Frenar el Cambio Climático. Una aportación y 101 propuestas”, porque en la resolución final, ese era el número de propuestas y en la que se describía con cierta profusión de detalles la evolución internacional de los sucesivos acuerdos adoptados en las llamadas Conferencias de las Partes, las COP.
Ya en la primera de las propuestas se reconocía la máxima relevancia a escala regional y local en materia de políticas de adaptación y mitigación, considerando en todo momento la gran responsabilidad que en políticas de cambio climático la vigente distribución competencial otorga a las Comunidades Autónomas y a los entes locales. Los marcos de coordinación y las estrategias generales tienen que adaptarse a ellos para optimizar recursos y garantizar mayores éxitos.
Se recomendaba con carácter prioritario la elaboración “de una Ley de Cambio Climático” que, entre otras cuestiones, integrase la obligación de acompañar los Presupuestos Generales del Estado con presupuestos de carbono, incorporase la obligación de presentar cuentas anuales con estimación de huella ecológica en el registro mercantil, que determinase el contenido informativo sobre huella ecológica en productos alimentarios, químicos y turísticos, que impulsase y coordinase la fiscalidad y los incentivos ambientales de las administraciones públicas.
Ocho años después del intenso trabajo desplegado en esa comisión por todos los miembros de la misma. no puedo dejar de expresar la satisfacción que me ha producido leer el contenido del Proyecto de Ley de “Cambio Climático y Transición Energética” aprobado por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez y que, ya remitido a las Cortes Generales, ha comenzado su tramitación.
Cierto es que se trata de un complejo proyecto de ley, pero es absolutamente necesario, valiente, y que nace con el ánimo de transformar nuestras estructuras productivas, económicas y sociales.
Han tenido que transcurrir 38 años desde el momento en el que Felipe González incorporaba a España a la convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático hasta el momento actual en el que España ya trabaja formalmente una normativa que incorpora por primera vez los compromisos adquiridos en las sucesivas COP que han tenido lugar en ese período de tiempo.
Comprenderán también que sienta un profundo respeto hacia quienes durante tantos años en las Cortes, y en la sociedad en su conjunto, han sido activistas coherentes de esta historia -muchas veces incomprendidos- expresando preocupaciones y promoviendo iniciativas para denunciar los efectos nocivos de la emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero causantes del calentamiento de la atmósfera
Con esta propuesta, y ante la emergencia climática, España fija por Ley sus objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 en un 20% respecto a niveles de 1990.
Con ello, nuestro país se alinea con el objetivo que se ha marcado para este año la Unión Europea. De esta manera, España favorecerá que Europa siga impulsando la necesaria acción conjunta de todos los países para avanzar lo antes posible en la transición global hacia una economía neutra en carbono, a través del marco multilateral que ofrece la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Los que ya tenemos larga experiencia hemos sido conscientes de que sorprendentes fenómenos climatológicos que vivimos no hace tantos años se salían totalmente de la normalidad. Recuerdo la llamada “gota fría sobre Santa Cruz” o el “temporal Delta”. En el continente africano, por ejemplo, la virulencia con que dos ciclones arrasaron una región de Mozambique el año pasado debido al calentamiento del Océano Índico es una señal inequívoca de que el proceso se acelera.
Además de leyes como la que empezamos a tramitar en este país, necesitamos también iniciativas prácticas que nos ayuden a detectar amenazas climatológicas severas. Una de ellas pasa por el establecimiento de una red de oficinas de cambio climático en esta área del Océano Atlántico en la que nos encontramos.
A similitud de la denominada “Red Iberoamericana de oficinas de Cambio Climático”, hemos llegado a la convicción de la conveniencia de una equivalente “Red Iberoafricana de oficinas de Cambio Climático”, de cuyos estudios y seguimiento se derivasen políticas beneficiosas impulsoras de alertas temprana ante la arribada de fenómenos atmosféricos adversos. En ello estamos desde Casa África. En suma, seamos sensatos y consciente del momento que vivimos.
Tengamos claro de que hay que saber mirar más allá, y que en estos momentos, los árboles (el coronavirus) no nos están dejando ver el bosque. Un gran bosque calcinado, desierto y hostil: el del cambio climático.
José Segura Clavell es director general de Casa África y doctor en Ciencias Químicas. Catedrático de Termodinámica en la Escuela Oficial de Náutica de Tenerife y fue profesor titular de Física Aplicada en la Universidad de La Laguna.
Casa África ha preparado un intenso programa de actividades culturales para celebrar el Día de África. Así que te proponemos: #QuédateEnCasaÁfrica y disfruta de forma online de cine, música, letras, cuentacuentos, historia, gastronomía y danza africanas.
[box]Además, Casa África hace un seguimiento especial diariamente sobre la situación del COVID-19 en África junto a otras noticias de interés que puedes consultar en la sección de Actualidad Casa África. Además, en nuestro canal YouTube hemos creado una lista de reproducción #PeriodismoÁfricaCOVID19 en la que periodistas o personas implicadas en la lucha contra el #COVID-19 nos informan sobre cómo está afectando esta pandemia a sus países y cómo se planifican para frenar su expansión. También les recomendamos los distintos artículos que estamos publicando en este blog como Diario de una pandemia que firma el filósofo senegalés Felwine Sarr o los artículos de Carlos Lopes, Achile Mbembe o Albert Roca.[box]
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